Por Mateo Bueno Sá
El Senado de Brasil aprobó, por 72 votos a 0, un proyecto de ley que otorga a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el regulador federal de combustibles, acceso permanente a las facturas fiscales electrónicas que emiten las distribuidoras y las gasolineras de todo el país. El texto pasa ahora a la presidencia para su sanción, paso necesario para que entre en vigor. Según el proyecto, no se trata de una consulta puntual: el acceso queda abierto de forma continua.
Las licencias dependen de abrir los registros fiscales
El punto más duro de la propuesta está en las licencias. Con la regla aprobada, el otorgamiento y la renovación de licencias para distribuidoras y estaciones de servicio minoristas quedarán condicionados a la autorización para que la ANP consulte sus registros fiscales. Toda empresa que quiera operar deberá, por tanto, abrir sus propios registros fiscales al regulador.
Lo que podrá ver el regulador
Con la nueva norma, la ANP podrá acceder a tres tipos de documentos electrónicos: las Notas Fiscales Electrónicas (NF-e), las Notas Fiscales de Consumidor Electrónicas (NFC-e) y los Conocimientos de Transporte Electrónicos (CT-e). La idea es cruzar estos datos tributarios con los inventarios físicos y químicos de combustible de las empresas. Cualquier diferencia entre lo que figura en el papel y lo que hay en el tanque puede indicar producto adulterado o evasión de impuestos federales y estatales.
La Unión, los estados y el Distrito Federal tienen 180 días para firmar convenios y definir las soluciones de tecnología de la información necesarias para transferir los datos. La ANP costeará toda la infraestructura, sin costo adicional para las autoridades tributarias. El texto también garantiza la preservación del secreto fiscal de las operaciones regulares.
Crimen organizado y abusos de precios en el centro del debate
Durante la votación, los senadores sostuvieron que la medida podría cortar el financiamiento de bandas criminales que operan en la cadena de combustibles. La senadora Teresa Leitão (PT-PE), vicelíder del gobierno, se refirió a los avances de la Operación Carbono Oculto, a cargo de la Policía Federal (PF), que alcanzó a una red de gasolineras y fondos usados para lavar dinero y defraudar impuestos.
El sector ya estaba bajo la lupa. La ANP había multado previamente a distribuidoras con más de R$ 200 millones (reales brasileños) por aumentos abusivos de precios. Con la nueva ley, la fiscalización dejará de depender de solicitudes caso por caso y tendrá acceso continuo a los datos.
Contexto: por qué importa
La ANP es la agencia federal que regula las industrias de petróleo, gas natural y biocombustibles de Brasil, incluido el otorgamiento de licencias a distribuidoras y gasolineras. El Senado es la cámara alta del Congreso, y los proyectos deben pasar por él antes de llegar a la presidencia. La Policía Federal (PF) es la fuerza policial federal del país. En Brasil, el combustible está muy gravado con impuestos, y el sector ha sido blanco frecuente de esfuerzos de control sobre la calidad del producto y el cumplimiento tributario.
Análisis VDD
Combatir la adulteración de combustibles y el dinero del crimen organizado en las gasolineras es una prioridad que nadie discute. El problema, a nuestro juicio, está en el precio de la solución. Los empresarios honestos pasarán a tener todos sus registros fiscales permanentemente a disposición de un órgano del Estado, y eso alcanza a todos los que trabajan dentro de la ley. En un país con una pesada carga tributaria sobre el combustible, el camino más coherente sería una fiscalización centrada en el infractor, y no una vigilancia preventiva que trate a toda la cadena como sospechosa.
