Por Camilo Diniz
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva calcula que el transporte gratuito en buses los sábados, domingos y feriados costaría unos R$ 12.000 millones (reales brasileños) al año. La propuesta, enviada al Congreso de Brasil en octubre, pretende pagar la cuenta con parte de las enmiendas parlamentarias obligatorias, para que el costo no pese sobre el gasto primario del gobierno federal. Sin embargo, las estimaciones varían mucho según quién haga el cálculo.
Cómo se financiaría el pase libre en Brasil
Las enmiendas parlamentarias son fondos del presupuesto que los legisladores destinan a proyectos, y las obligatorias deben ser pagadas por el gobierno. Según la propuesta, el 26,8% de esas enmiendas obligatorias se reservaría para financiar la gratuidad de fines de semana en todo el país.
Con una previsión de R$ 44.800 millones en enmiendas para 2027, ese porcentaje equivale a unos R$ 12.000 millones. El gobierno afirma que el dinero ya está previsto en el presupuesto federal y que la meta fiscal no se vería afectada.
¿Cuánto costaría el transporte gratuito los fines de semana?
El propio Ministerio de las Ciudades trabaja con una estimación de R$ 11.000 millones al año. Según Giancarlo Moreira Gama, asesor especial de la Secretaría Nacional de Movilidad Urbana, el cálculo se hizo junto con el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), un instituto federal de estudios. El análisis abarcó cien municipios de distintas regiones y tamaños. La publicación está prevista para noviembre.
El sector del transporte da una cifra mucho mayor. La Asociación Nacional de las Empresas de Transporte Urbano (NTU) estima que se necesitarían unos R$ 17.000 millones anuales solo para garantizar buses urbanos gratuitos. Si el metro y los trenes se incluyen en la política, el monto podría llegar a R$ 20.800 millones.
Marcos Bicalho, director de gestión de la NTU, afirma que la demanda de los domingos equivale a cerca del 45% de un día hábil y que los sábados sube a aproximadamente el 70%. Según él, la gratuidad puede aumentar la demanda y exigir una ampliación de alrededor del 20% en la oferta de buses. Aun así, Bicalho ve espacio para el aporte federal: "Para quien no tiene nada, tener R$ 12.000 millones ya es un primer paso".
Los economistas no logran cerrar la cuenta
Tiago Sbardelotto, economista de XP, considera que los R$ 12.000 millones pueden bastar para los buses urbanos, pero no necesariamente para todos los modos de transporte. João Pedro Leme, de Tendências Consultoria, juzga plausible la estimación oficial y señala un riesgo político: la resistencia de los parlamentarios a destinar una parte de las enmiendas obligatorias a este fin.
¿Quién fiscalizará el dinero?
La ejecución aún depende de reglas de transferencia, criterios para estados y municipios y mecanismos de fiscalización. Rafael Pereira, investigador del Ipea, sostiene que la reglamentación debe venir acompañada de transparencia y mejor calidad. "Se puede poner todo el dinero del mundo, pero si no mejora el servicio ni lo hace más inclusivo, ese dinero se va por el desagüe", afirmó.
Mientras tanto, algunas ciudades ya ofrecen gratuidad los fines de semana, como São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Belém, Maceió, Sorocaba, Cuiabá y Juiz de Fora. Florianópolis tiene pase libre el último domingo de cada mes y São José do Rio Preto mantiene tarifa cero los domingos. La propuesta federal aún no definió cómo se tendrán en cuenta esas experiencias locales en el reparto de los recursos.
Por qué importa
El plan enfrenta una promesa popular, el transporte público gratuito, con el control que el Congreso ejerce sobre sus propias enmiendas presupuestarias. Con cifras que van de R$ 11.000 a R$ 20.800 millones, siguen abiertas varias preguntas: cuánto costará realmente, si los legisladores aceptarán la reserva y cómo se vigilará el dinero.
Análisis VDD
El gobierno vende la gratuidad como un beneficio que no cuesta nada al presupuesto, pero el dinero sale de enmiendas que ya tienen destino definido en el Congreso. Antes de celebrar el pase libre, el lector debe preguntarse quién paga, cuánto cuesta de verdad y quién fiscalizará. Con estimaciones que van de R$ 11.000 a R$ 20.800 millones, el gobierno todavía debe explicaciones.
