El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encareció la compra de neumáticos extranjeros. El arancel de importación de neumáticos para autos de pasajeros pasó del 16% al 30%, y los primeros en sentirlo serán los conductores que necesitan cambiar las llantas de su vehículo.
La decisión fue del Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex-Camex), un órgano del gobierno que define la política comercial. Se publicó en el Diário Oficial da União, el boletín oficial de Brasil, el lunes 9 de noviembre y entró en vigor el martes 10. La medida tiene una vigencia de 12 meses.
La industria pidió protección y la obtuvo
Todo comenzó con los fabricantes nacionales de neumáticos. Alegan competencia desleal de productos importados, sobre todo de países asiáticos, y pidieron al gobierno una barrera más alta. Brasilia, sede del gobierno federal, accedió.
Junto con el aumento, el gobierno reintrodujo la exigencia de licencia no automática para importar neumáticos, un sistema que obliga a los importadores a obtener una autorización previa del Estado. Según el gobierno, el objetivo es impedir fraudes e irregularidades en el sector.
Quién paga la cuenta: el bolsillo del conductor brasileño
La Asociación Brasileña de Importadores y Distribuidores de Neumáticos (Abidip) ya dio la voz de alarma: el aumento afectará sobre todo a las familias de menores ingresos. Según la entidad, un neumático más caro también presiona el costo del flete y empuja la inflación al alza.
El efecto no termina en el estante de la tienda. Con precios más altos, el conductor tiende a posponer el cambio de neumáticos gastados o a recurrir a neumáticos usados de origen desconocido. El resultado es más riesgo en el tránsito, justo cuando el consumidor ya aprieta su presupuesto.
Por qué importa
Los neumáticos son un gasto cotidiano para millones de brasileños que dependen del automóvil y para el transporte de carga que mueve mercancías por el país. Un arancel que casi duplica el costo de traer neumáticos del exterior afecta tanto al presupuesto de los hogares como al costo del transporte, que se traslada a los precios al consumidor.
Durante 12 meses, quien necesite un neumático nuevo pagará por la protección concedida a la industria. La decisión la tomó un comité del gobierno, sin consulta directa a los consumidores, y la cuenta llega a quienes manejan todos los días.




