Por Ludmila Cassio
El Senado de Brasil prepara una licitación estimada en R$ 6 millones (reales brasileños) para comprar 425 teléfonos móviles y contratar servicios de telefonía para legisladores y personal. La medida se produce mientras el país debate un ajuste presupuestario. El diputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), del Partido Liberal (PL) del estado de Minas Gerais, anunció que acudirá a la Justicia y al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el organismo de control del gasto público de Brasil, para intentar suspender el proceso.
Qué incluye la licitación
El edital se publicó el 27 de octubre y prevé 95 iPhone 18 Pro, además de otros 330 celulares de gama intermedia de las marcas Samsung y Motorola. Los aparatos se entregarán en comodato, lo que significa que seguirán siendo propiedad de la empresa que gane la licitación.
Según los datos del proceso, el costo mensual estimado es de R$ 125.900 durante cuatro años. Cada línea vinculada a los modelos de Apple cuesta R$ 582,74 e incluye un plan de datos de hasta 100 GB. El contrato también exige que los equipos se reemplacen cada dos años.
Aumento del costo
La nueva licitación sustituye un acuerdo de 2022 que abarcaba 383 líneas y costaba cerca de R$ 2 millones. Con más dispositivos y la inclusión de servicios de telecomunicaciones, el valor total casi se triplicó.
La reacción de Nikolas Ferreira
En un pronunciamiento difundido el martes (10 de noviembre), Nikolas Ferreira no escatimó críticas. “El Brasil hundido en deudas, pero el presidente del Senado está preocupado por garantizar que sus parlamentarios tengan el iPhone del año”, afirmó.
Al anunciar las acciones, Nikolas dijo que quiere una revisión de los criterios técnicos que justificaron la expansión del gasto del Legislativo. Para él, la contratación va más allá de una cuestión de precio. “Esta contratación es un atentado contra la moralidad administrativa”, declaró.
Por qué importa
El Senado es la cámara alta del Congreso Nacional de Brasil. Su gasto está bajo escrutinio público en un momento en que se debate la responsabilidad fiscal, y el TCU audita el uso de los recursos públicos. El desenlace depende ahora de la reacción del TCU y de la Justicia. Si se acepta la suspensión, la licitación se detiene. Si no, el Senado seguirá comprando aparatos premium mientras pide sacrificios a la población.
Análisis VDD
Gastar en telefonía no es un delito, pero el contribuyente tiene derecho a preguntar por qué un paquete de celulares de última generación, reemplazados cada dos años, necesita triplicar su valor en un Parlamento que pide responsabilidad fiscal a todo el país. Exigir transparencia y criterios técnicos claros es lo mínimo que se espera de quienes administran recursos de todos.
