Por Indianara Goz
El banquero brasileño Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, abrió un nuevo capítulo en la crisis del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil. Su defensa pidió al presidente del tribunal, Edson Fachin, que las decisiones cautelares del caso pasen al decano de la corte, el juez Gilmar Mendes. Eso incluye evaluar una eventual revocación de la prisión preventiva. Vorcaro lleva ocho meses preso, señalado como líder de una organización criminal vinculada a un esquema de fraude de R$ 12.200 millones (reales brasileños).
El argumento de la defensa: el principio del "juez natural"
Los abogados sostienen que mantener a alguien preso tanto tiempo sin juicio vulnera derechos fundamentales. También acusan a Fachin de desconocer el principio del "juez natural", según el cual un caso debe ser resuelto por el juez que le corresponde según reglas previas. A su juicio, Fachin lo violó al asumir la conducción del caso tras el apartamiento del juez André Mendonça como relator, en septiembre.
Como el reglamento interno no tiene una norma específica para este escenario, la defensa propone una salida por analogía: aplicar la regla que sustituye al relator por el ministro más antiguo de la Sala (Turma) cuando se analizan asuntos urgentes. Ese camino conduce a Gilmar Mendes.
Según la defensa, la estrategia no se detiene en Brasil. La ofensiva incluye además una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contexto: un informe de la Policía Federal y una sesión tensa
La solicitud llega en un momento delicado para el tribunal. El apartamiento de Mendonça ocurrió después de que se divulgara un informe de la Policía Federal (PF) que señalaba cercanía entre Vorcaro y el juez Alexandre de Moraes. Según las investigaciones, el banquero habría pedido ayuda a Moraes para articular su defensa e intervenir ante el procurador general de la República. Se trata de lo que apuntan las pesquisas, no de un hecho comprobado.
Moraes reaccionó y acusó a Mendonça de conducir la investigación con motivaciones políticas, para beneficiar a aliados del expresidente Jair Bolsonaro. La discusión se intensificó en la sesión plenaria del 15 de septiembre, cuando los jueces se cruzaron acusaciones frente al país y profundizaron el desgaste interno del tribunal.
Por qué importa
De un lado hay un preso de alto perfil que, en la práctica, quiere elegir quién evaluará su libertad. Del otro, un tribunal dividido, con jueces mencionados en un informe de la PF y un intercambio público de acusaciones que sigue sin aclararse.
Ahora la decisión corresponde a Fachin. Deberá decidir si mantiene el caso bajo su conducción o si acepta el argumento de la defensa y abre el camino a Gilmar Mendes. Cualquier respuesta tenderá a generar nuevas reacciones dentro y fuera del Supremo.
Análisis VDD
Más allá del mérito de la solicitud, el episodio muestra el precio de un tribunal que se convirtió en personaje de su propia crisis. Cuando los relatores cambian en medio de sospechas cruzadas entre jueces, el ciudadano empieza a dudar de la imparcialidad de las decisiones. Quienes defienden la libertad y la seguridad jurídica deben exigir reglas claras sobre quién juzga qué, total transparencia sobre los contactos citados en el informe de la PF y respuestas públicas, sin corporativismo.
