Por Mel Rodrigues
El Senado de Brasil votó 68 a 0 el miércoles 11 de noviembre de 2026 para aprobar un proyecto de ley que mantiene al Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust) fuera del alcance de los recortes de gasto del Gobierno. El mismo proyecto extiende el programa Fust Direto hasta el 31 de diciembre de 2031. El texto pasa ahora a sanción, el último paso antes de convertirse en ley.
Según el proyecto, los gastos en programas aprobados por el Consejo Gestor del fondo no podrán seguir limitándose mediante restricciones al compromiso de gasto y a la movimiento financiero. En la práctica, el dinero recaudado queda reservado para los proyectos aprobados, incluso cuando el Gobierno, desde el Planalto, la sede de la presidencia, necesite cuadrar sus cuentas.
Qué establece el proyecto
El Fust Direto funciona así: las empresas de telecomunicaciones reducen sus aportes al fondo a cambio de ejecutar proyectos aprobados por el Consejo Gestor. El proyecto también modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal, la principal norma brasileña sobre las finanzas públicas, para proteger esos gastos de los recortes presupuestarios, conocidos en Brasil como contingenciamento.
El texto exige que al menos el 50% de los ingresos anuales del fondo se destine al apoyo no reembolsable, y da prioridad a la conexión de escuelas públicas, sobre todo las ubicadas fuera de zonas urbanas.
Costo para los contribuyentes
El propio texto reconoce que la prórroga implica una renuncia de ingresos fiscales. La estimación es de R$ 465,6 millones (reales) por año, es decir, R$ 1.390 millones (reales) en el trienio 2027-2029.
Los críticos señalan que ese dinero dejará de ingresar a las arcas públicas en un momento en que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), cuadra su presupuesto parche tras parche. Al blindar el gasto frente a los recortes, el Congreso retira al Ejecutivo una herramienta clásica de control presupuestario y amarra el presupuesto a un compromiso de largo plazo.
Qué dice el sector de telecomunicaciones
Conexis Brasil Digital, la entidad que agrupa a las empresas de telecomunicaciones, afirma que el Fust Direto llevó internet a más de 17.000 escuelas públicas en 2024 y 2025. Contando todas las modalidades del fondo, se conectaron más de 20.000 escuelas. El programa también permitió la cobertura de telefonía en 679 comunidades, y se aprobó la conexión de unas 2.000 unidades básicas de salud con recursos del Fust.
La entidad estima que mantener el Fust Direto podría desbloquear cerca de R$ 2.500 millones (reales) en nuevos proyectos para escuelas, centros de salud y zonas con déficit de infraestructura. Sostiene que, sin la prórroga, las inversiones se interrumpirían. Además, argumenta que el recorte no reduciría los aportes que pagan las empresas ni generaría un ahorro real para el Gobierno, sino que solo limitaría el uso del dinero en proyectos de universalización.
Contexto: por qué importa el fondo
El Fust se financia con aportes de las empresas de telecomunicaciones y busca extender la conectividad a lugares que el mercado no alcanza. En 2026, cuando el Consejo Gestor aprobó el mayor volumen de recursos de la historia del fondo, el Fust equivalió al 0,02% del Presupuesto General de la Unión.
Partidarios y críticos coinciden en que llevar internet a las escuelas es un objetivo válido. El debate gira en torno a cuánto cuesta, quién paga y quién fiscaliza. Con el dinero ahora protegido por ley, el fondo queda fuera del control presupuestario año a año. El Consejo Gestor y los órganos de control deberán demostrar, proyecto por proyecto, que cada real renunciado regresa en forma de conectividad.
Análisis VDD
Universalizar internet en las escuelas es una causa legítima, y las cifras que presenta el sector merecen atención. Pero el contribuyente necesita ver la cuenta completa: R$ 1.390 millones (reales) en renuncia fiscal, un fondo blindado frente a los recortes y un mecanismo que traslada al Estado la responsabilidad de fiscalizar miles de millones en inversiones privadas. Cuanto más dinero público queda atado por ley, menos espacio queda para definir prioridades y para la disciplina fiscal que el país necesita con urgencia.
