Por Mel Rodrigues
El Senado de Brasil, la cámara alta del Congreso Nacional, aprobó el miércoles 4 de noviembre de 2026 un proyecto que modifica una vieja norma de las finanzas públicas: la que impide a gobernadores y alcaldes contratar nuevos créditos en los últimos 120 días de su mandato. El proyecto, identificado como Proyecto de Resolución del Senado 50/2026, crea una excepción para ese periodo sensible y ahora pasa a promulgación, el paso formal final antes de entrar en vigor.
Qué aprobó el Senado
La regla vigente proviene de la Resolución del Senado 43/2001, que restringe las operaciones de crédito en la recta final de los mandatos de los gobernadores estatales y de los alcaldes municipales. Con la nueva excepción, los estados, el Distrito Federal (que alberga la capital, Brasilia) y los municipios podrán contratar operaciones para reestructurar y recomponer el principal de deudas ya existentes.
La excepción tiene una condición clave. Solo se aplica a operaciones que sustituyan deudas por otras con condiciones financieras más favorables, sin obtener recursos nuevos de libre disposición. En la práctica, un gobierno que se endeude en este plazo no puede usar ese dinero para gastos nuevos.
El senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator del proyecto, defendió la medida en su dictamen. Según explicó, los entes federativos necesitan poder aprovechar oportunidades de renegociación y reducir costos financieros, sin comprometer los mecanismos de control del endeudamiento público.
Requisitos de transparencia
Para que la excepción no se convierta en un cheque en blanco, el proyecto obliga a cada gobierno a publicar, antes de firmar la operación, un informe en su sitio oficial. El documento debe incluir la metodología y la memoria de cálculo del valor presente de las deudas originales y renegociadas, además de los cronogramas anuales de pago.
También deberán publicarse los cambios relevantes en las condiciones financieras, las garantías y los riesgos de la operación. El objetivo es que los ciudadanos puedan saber qué hizo su gobernador o alcalde con la deuda pública en los meses previos, sin depender de discursos oficiales.
Contexto: por qué existe la regla de 120 días
La restricción de 120 días no surgió por casualidad. El final de un mandato es el momento en que aumenta la tentación de trasladar la factura al sucesor. Cada real de deuda contratada hoy se convierte en impuesto mañana, pagado por quienes trabajan y producen, muchas veces sin haber elegido al gobernante que dejó la cuenta.
Por eso, la excepción aprobada por el Senado exige atención redoblada. La promesa es reducir costos, y eso puede ser positivo. Pero, por ahora, el único freno real es la publicación de los datos. Quienes viven en un estado o municipio deben exigir esos informes y comparar las cuentas antes y después de cada operación.
Qué sigue
Con la aprobación en el Senado, el proyecto pasa a promulgación y regirá como excepción a la Resolución 43/2001. Las primeras renegociaciones en este formato mostrarán si el cambio de deudas genera ahorros reales para las arcas locales o solo posterga el problema para la próxima administración.
Análisis VDD
Reducir intereses de deudas antiguas es una buena noticia cuando el dinero se ahorra de verdad y la transparencia es total. El riesgo está en convertir una excepción técnica en una puerta abierta para endeudarse en la víspera del cambio de gobierno. Quienes defienden la responsabilidad fiscal y menos impuestos deberían mirar menos el discurso del ahorro y más las planillas que los gobiernos ahora están obligados a publicar.
