Por Ricardo Luiz
BRASILIA — Un debate sobre el futuro de la economía brasileña reavivó uno de los recuerdos más traumáticos de la historia financiera del país: el confisco de los ahorros de 1990, durante el gobierno del entonces presidente Fernando Collor de Mello. Según informó este 4 de noviembre de 2026, el motivo es la reaparición del nombre del economista André Lara Resende en los debates sobre la política económica del próximo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lara Resende es uno de los formuladores del Plan Real, el plan que estabilizó la moneda brasileña. El propio Collor lo señaló como alguien que, antes de su gobierno, defendió una medida de bloqueo de activos financieros. Ahora su nombre circula de nuevo en las conversaciones sobre cómo reducir las tasas de interés y enfrentar el crecimiento de la deuda pública de Brasil.
Los hechos justifican hacer preguntas. Pero no demuestran que Lula esté preparando un nuevo confisco, y la fuente de esta nota es explícita en esa distinción.
Qué ocurrió con el confisco de Collor en 1990
En marzo de 1990, millones de brasileños fueron sorprendidos por una medida económica que bloqueó gran parte del dinero depositado en cuentas bancarias e inversiones financieras. Las familias perdieron temporalmente el acceso a sus ahorros. Las empresas tuvieron dificultades para cumplir sus compromisos, y quienes habían ahorrado durante años no pudieron disponer libremente de parte de su dinero.
La medida, conocida como "confisco da poupança" (confisco del ahorro), se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la historia económica de Brasil. Más de tres décadas después, sigue recordándose como una advertencia sobre los riesgos de las intervenciones extremas en el sistema financiero.
El relato de Collor y la propuesta de recorte de tasas
Un reportaje publicado el 3 de noviembre de 2026 por el portal Claudio Dantas recuperó antiguas declaraciones de Collor sobre el origen de la propuesta de bloqueo. Según el expresidente, Lara Resende habría defendido restringir la liquidez financiera como alternativa para enfrentar la hiperinflación.
La asociación no es nueva. En 2014, cuando Lara Resende apoyaba la candidatura presidencial de Marina Silva, el propio Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Lula, publicó un artículo que vinculaba al economista con la planificación del confisco. Aun así, la atribución se apoya sobre todo en relatos posteriores de Collor, cuyas versiones presentan diferencias. No hay pruebas de que Lara Resende fuera el responsable directo de ejecutar el confisco.
Lara Resende volvió al centro del debate con una propuesta de cambio en la conducción de la política monetaria. Entre sus ideas figura reducir gradualmente la Selic, la tasa de interés de referencia de Brasil, que estaba en 13,75 % anual, hasta cerca de 7,5 % en un plazo de 12 meses. El economista sostiene que las tasas altas elevan el costo de la deuda pública y dificultan el equilibrio de las cuentas nacionales.
Los críticos advierten que un recorte de tasas incompatible con las condiciones económicas podría debilitar el real, provocar salida de inversiones y generar presiones inflacionarias. Esos riesgos no equivalen a un bloqueo bancario, pero podrían afectar el poder adquisitivo de la población. La discusión ganó repercusión después de que integrantes del PT mostraran interés en las ideas del economista.
Confisco indirecto: cuando la inflación se come el ahorro
Algunos economistas distinguen entre el confisco directo de 1990, cuando los ciudadanos no podían acceder a su dinero, y uno "indirecto", en que la inflación reduce el valor real de los ahorros.
La fuente ofrece un ejemplo. Una familia con R$ 50.000 (reales brasileños) en una inversión que rinde 2 % en un año, mientras la inflación llega a 8 %, ve crecer su saldo nominal pero pierde cerca de 5,6 % de su poder adquisitivo. Sigue teniendo acceso al dinero, pero puede comprar menos. Es un riesgo real siempre que los rendimientos quedan por debajo de la inflación, aunque la fuente subraya que no se puede afirmar que la propuesta de Lara Resende produzca necesariamente ese resultado. Dependería de las condiciones económicas, de la ejecución de las medidas y de la reacción del mercado.
La respuesta del gobierno y los límites legales
El 3 de noviembre de 2026, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, declaró que el gobierno no está evaluando la propuesta de Lara Resende. Dijo que la idea presenta deficiencias y que no hay ninguna reunión agendada entre Lula y el economista. Añadió que el equipo económico trabaja en propuestas de ajuste fiscal gradual.
Hasta ahora no se ha presentado ningún decreto, proyecto oficial ni documento del gobierno que establezca el bloqueo de cuentas bancarias o depósitos de ahorro.
La legislación brasileña también cambió tras el episodio de Collor. La Enmienda Constitucional n.º 32, de 2001, prohíbe expresamente el uso de medidas provisorias (decretos del Ejecutivo con fuerza de ley) para bloquear o secuestrar ahorro popular y otros activos financieros. La protección está en el artículo 62, párrafo 1, inciso II de la Constitución Federal. Por tanto, el presidente no puede repetir sin más el mecanismo de Collor mediante una medida provisoria. Eso no elimina todos los riesgos económicos para los ahorristas, pero es una barrera constitucional importante contra un confisco directo.
Por qué importa
Para los brasileños, el confisco de Collor sigue siendo un recuerdo muy presente, por lo que cualquier discusión sobre intervenciones profundas en la política monetaria, el rendimiento de las inversiones o el sistema bancario se sigue con atención. Los elementos verificables detrás del debate son:
- el confisco realizado durante el gobierno de Collor, en 1990;
- las declaraciones de Collor que vinculan a Lara Resende con la idea de bloquear liquidez;
- la publicación del propio PT, en 2014, que recuperaba esa asociación;
- la circulación reciente del nombre de Lara Resende en discusiones sobre la política económica futura;
- una propuesta de reducción de tasas que recibió críticas de economistas y agentes del mercado financiero.
Lo que esos elementos todavía no demuestran es la existencia de un plan del gobierno de Lula para confiscar el ahorro de los brasileños. El gobierno tiene la responsabilidad de explicar sus propuestas, mostrar sus posibles efectos y garantizar la protección de los depósitos de los ciudadanos. La pregunta puede hacerse, pero hasta ahora la respuesta es que hay antecedentes históricos y controversias económicas, no pruebas de un plan para bloquear los ahorros.
