Por Indianara Goz
El procurador general de Brasil, Paulo Gonet, pidió este jueves 12 de noviembre al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, que rechace el segundo pedido de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para anular su condena de 27 años de prisión en la llamada trama golpista. Según Gonet, los abogados no incorporaron al proceso ningún elemento nuevo capaz de modificar la sentencia ya impuesta a Bolsonaro, presidente de Brasil de 2019 a 2022.
El fiscal dice que no se cumplen los requisitos legales
En su escrito al STF, Gonet sostuvo que la solicitud, conocida en Brasil como revisão criminal (revisión criminal), no cumple los requisitos previstos en la ley. Afirmó que no quedó demostrado perjuicio alguno para la defensa durante el proceso y que la sentencia se apoyó en varias pruebas reunidas en la causa penal.
La revisión criminal es un instrumento para impugnar una condena firme en los supuestos que establece la ley, como cuando surgen pruebas nuevas. Ese es el requisito que la Procuraduría General de la República (PGR) dice que no se cumple.
El argumento de la defensa: la cadena de custodia de las pruebas digitales
Los abogados presentaron la solicitud el 25 de septiembre. Para sustentarla, señalaron como "prueba nueva" un dictamen técnico. Según la defensa, el documento identificó problemas en la cadena de custodia y limitaciones para verificar parte de las pruebas digitales utilizadas en el proceso.
La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos que registran y acompañan una prueba desde su recolección hasta su uso ante el tribunal. En el caso del material digital, este control sirve para comprobar el origen y la integridad de los archivos.
Hay, sin embargo, un punto que pesa en contra de esa tesis. El dictamen citado por los abogados no afirma que las pruebas hayan sido adulteradas. Lo que sostiene es que, en una parte del material examinado, no fue posible verificar por completo el origen y el procesamiento de los datos.
Por qué importa
Es la segunda vez que la defensa pide suspender la ejecución de la pena. El caso es uno de los de mayor peso político en Brasil, pues involucra a un expresidente de la derecha del país. La palabra final corresponde ahora al STF, que deberá decidir si acepta el alegato técnico sobre las pruebas digitales o mantiene la condena del expresidente tal como está.
Análisis VDD
El punto central del caso es la confiabilidad de las pruebas digitales en un proceso de enorme peso político. Al defender el derecho de la defensa a revisar cada archivo usado contra un acusado, la línea conservadora de VDD entiende que la transparencia total de la cadena de custodia interesa a cualquier ciudadano, y no solo a un grupo político. Aun así, los hechos expuestos por la propia PGR y por el dictamen muestran que la tesis de la defensa no apunta a una adulteración, y la decisión del Supremo debe apoyarse en ello.
