Por Mateo Bueno Sá
El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) tiene en sus manos 14 acciones que piden la cassação (revocación del mandato) de la fórmula Lula-Alckmin, que reúne al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al vicepresidente Geraldo Alckmin. La elección terminó, pero la disputa por la Presidencia no. Si alguna de las acciones es aceptada, Lula pierde el mandato, deja el mando del país y queda inhabilitado por ocho años. Hasta ahora ninguna ha sido juzgada.
El tema cobró fuerza después de que Malu Gaspar, columnista del diario O Globo, analizara las señales que ha dado el juez a cargo de los procesos.
Las 14 acciones contra Lula y Alckmin
Once son Acciones de Investigación Judicial Electoral (Aijes) presentadas por el Partido Liberal (PL), el partido de Flávio Bolsonaro. Tres fueron presentadas por el Partido Novo. Todas acusan a la fórmula reelecta de abuso de poder durante la campaña.
El PL cuestiona lo siguiente:
- el canal de WhatsApp "Exército de Lula" (Ejército de Lula);
- el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói en homenaje al presidente;
- el uso de Gov.br y de Agência Brasil para promocionar programas como Gás do Povo y Pé-de-Meia;
- el discurso del Día de la Mujer y la cobertura de la EBC, la emisora estatal;
- el aumento del gasto de la Secom, la secretaría de comunicación del gobierno, en el primer semestre;
- la propaganda negativa contra Flávio en Facebook;
- el uso de centrales sindicales y de la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) como estructura de campaña.
El Novo cuestiona 35 medidas del gobierno emitidas en 2026, 12 de ellas durante la campaña, con cerca de R$ 99.700 millones (reales) en créditos extraordinarios. Entre ellas figuran el reajuste de 15% de Bolsa Familia, el programa de transferencia de renta, la prórroga del subsidio al diésel y Desenrola 3.0.
El relator y sus señales
Todas las acciones están a cargo del ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor general de la Justicia Electoral. El 5 de noviembre ordenó dar curso a la principal acción del Novo, y Lula y Alckmin fueron notificados para presentar su defensa en cinco días.
Al mismo tiempo, el relator dio a entender que seguirá el trámite normal, sin acelerar los juicios, y dos acciones ya fueron archivadas porque sus autores no tenían legitimidad para presentarlas. Reportajes que recogieron el análisis de bastidores indican que Cueva no pretende dar aire a una "tercera vuelta", y hay quienes en el tribunal estiman bajas las probabilidades de cassação. Es decir: el camino existe, pero es difícil.
Qué pasa si Lula es destituido
Para revocar a la fórmula se necesitan al menos 4 de los 7 votos del TSE. Antes, el proceso pasa por la defensa, la producción de pruebas y el dictamen del Ministerio Público Electoral, lo que puede tardar meses.
Si hay condena:
- Lula y Alckmin pierden sus mandatos y quedan inhabilitados por ocho años;
- si la revocación ocurre en los dos primeros años del mandato, el país convoca una nueva elección directa en un plazo de hasta 90 días;
- si ocurre en los dos últimos años, el Congreso elige al nuevo presidente en una elección indirecta;
- hasta entonces, asume de forma interina el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, seguido del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.
La diplomación de los electos está prevista para el 18 de diciembre, y hasta esa fecha pueden presentarse nuevas acciones. El martes 10, el abogado y diputado electo Jeffrey Chiquini (Novo-PR) también pidió al Ministerio Público Electoral la revocación del mandato de Lula por el uso de un estadio municipal de São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo, en un acto de campaña.
Qué dice la defensa
La campaña de Lula sostiene que las medidas cuestionadas son legales. En otra acción, la defensa argumenta que el reajuste de Bolsa Familia solo repuso la inflación y encaja en la excepción que la ley prevé para los programas sociales. Lula afirmó que los beneficios no serían suspendidos por causa de la elección.
Análisis VDD
Opinión de Alberto Silva: miles de millones liberados en la recta final de la campaña, la maquinaria pública trabajando a favor del candidato, una empresa estatal de comunicación haciendo propaganda. Si se tratara de un candidato de derecha, ya habría sido destituido. El TSE tiene ahora la oportunidad de mostrar que la ley vale para todos. No espero que sea fácil, pero la presión popular y la fiscalización de la oposición deben continuar hasta el último día.
