Por Camilo Diniz
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil ordenó el arresto de Sandra Inês Rusciolelli, jueza de apelaciones (desembargadora) del Tribunal de Justicia del estado de Bahía, y de su hijo, Vasco Rusciolelli. La orden fue firmada por el ministro del STJ Og Fernandes el pasado jueves, después de que el tribunal recibiera información de que la jueza había salido de Brasil el 21 de septiembre con destino a Lisboa, Portugal. La solicitud partió del Ministerio Público Federal (MPF). Según el ministro, la salida del territorio nacional indica un intento de evadir la pena ya impuesta a la magistrada.
Contexto: la condena y el caso detrás de la orden
La orden de arresto se apoya en una condena a 14 años y 20 días de prisión, en régimen inicial cerrado, por corrupción pasiva (recibir sobornos) y lavado de dinero. El proceso nació de la Operación Faroeste, que investigó fraudes en el sistema de justicia de Bahía. Según las investigaciones, la estructura implicaba la venta de decisiones judiciales para favorecer la grilagem, es decir, la apropiación ilegal de tierras en el oeste de Bahía. Empresarios, abogados y magistrados habrían participado en el esquema.
Un domicilio falso y los supuestos sobornos
El MPF afirma que un detalle reforzó sus sospechas. En agosto, Sandra y su hijo comunicaron a la Justicia un nuevo domicilio en el expediente. Cuando un oficial de justicia acudió a cumplir una diligencia en octubre, no los encontró en ese lugar. Para los fiscales, ambos habían informado a la Justicia una dirección que no correspondía a la realidad.
Un informe de la Policía Federal (PF) señala que Vasco habría recibido al menos R$ 250.000 (reales) para que su madre dictara una decisión favorable a una empresa. El MPF sostiene que los dos negociaron sobornos por R$ 4 millones (reales), de los cuales R$ 2,4 millones (reales) habrían sido efectivamente recibidos.
Acuerdos de colaboración, su cancelación y la defensa
El caso tiene una larga trayectoria. En febrero de 2021, el STJ apartó de sus funciones a ocho jueces de apelaciones del Tribunal de Justicia de Bahía. Sandra quedó bajo arresto domiciliario, y Vasco también fue alcanzado por medidas judiciales. Ambos firmaron acuerdos de colaboración premiada (delação premiada). El acuerdo de Sandra fue validado por Og Fernandes en junio de 2021. Se describió como la primera colaboración de este tipo firmada por una jueza de apelaciones en el país, y en ella se mencionaban 68 personas: 12 jueces de apelaciones, 12 jueces y 15 abogados. Vasco, que era abogado de su madre, también colaboró.
En octubre de 2021, con los acuerdos homologados, el ministro revocó la prisión preventiva de ambos. Sin embargo, impuso una tobillera electrónica, la prohibición de entrar al Tribunal de Justicia de Bahía y la prohibición de contacto con otros investigados. En noviembre de 2024, Og Fernandes canceló los acuerdos a petición del MPF, que señaló incumplimientos, como faltas a audiencias y multas no pagadas.
En la audiencia más reciente, la defensa estuvo a cargo del defensor público federal José Carvalho do Nascimento. Este alegó que no tuvo acceso íntegro a parte de las pruebas reunidas por el MPF y la Policía Federal, lo que, según la Defensoría Pública de la Unión (DPU), dificultó la preparación de la defensa de madre e hijo.
Con la orden emitida, el siguiente paso es localizar a ambos. El material disponible no informa dónde se encuentran los condenados ni si la defensa se pronunció sobre el viaje. El caso plantea una pregunta incómoda: si la magistrada realmente salió del país, queda por saber cómo y si habrá cooperación internacional para traerla de vuelta.
Análisis VDD
Cuando una jueza condenada por corrupción pasiva y lavado de dinero logra salir del país, la confianza ciudadana en el Poder Judicial es la primera en pagar la cuenta. Un sistema de justicia serio necesita reglas claras, penas cumplidas y una fiscalización efectiva, sobre todo para quienes tienen el deber de juzgar. Si se confirma lo que apuntó el STJ, el episodio muestra que la impunidad corroe el Estado de derecho, y que la defensa de la libertad pasa por un Poder Judicial limpio e igual para todos.
