Por Ricardo Luiz
La propuesta de reducir la edad penal en Brasil volvió al centro de una fuerte disputa en el Senado el miércoles 4 de noviembre, cuando se canceló la votación prevista sobre el proyecto. Carlos Portinho, líder del Partido Liberal (PL) en el Senado y senador por el estado de Río de Janeiro, arremetió contra Davi Alcolumbre, presidente del Senado y senador por el estado de Amapá, y lo acusó de haber roto un acuerdo.
Según Portinho, Alcolumbre no cumplió un compromiso alcanzado con más de 50 senadores para que la propuesta fuera sometida a votación ese miércoles. Lo describió como un pacto negociado con decenas de parlamentarios que, en la práctica, no se respetó, y aseguró que no se trata de un malentendido de pasillo.
Un acuerdo que se convirtió en punto de ruptura
Cuando la votación salió de la agenda, el clima en el pleno pasó de la expectativa a la desconfianza. Portinho usó la tribuna y la prensa para afirmar que la bancada de oposición no aceptó la decisión. En su versión, el acuerdo fue quebrado.
El PL ha advertido que no permitirá que el cambio de rumbo en el Senado pase en silencio y que mantendrá la presión sobre la presidencia de la cámara. Tras la cancelación, Portinho criticó la conducción de la sesión y anunció una respuesta del partido.
Qué sigue
Aún no está claro si Alcolumbre reabrirá la negociación y fijará una nueva fecha para la votación o si el estancamiento se prolongará. Por ahora, la oposición ha dejado claro que no dejará que el tema se apague.
Por qué importa
En Brasil, la edad de responsabilidad penal es actualmente de 18 años, según lo establece la Constitución federal. Reducirla es una de las propuestas de seguridad que muchos votantes, sobre todo de derecha, han exigido a los legisladores, citando la implicación de jóvenes en delitos graves. Cuando una votación desaparece de la agenda, quienes apoyan la medida sienten que el asunto se ha postergado.
Análisis VDD
Cuando se deja de lado un acuerdo con más de 50 senadores, el problema deja de ser solo de procedimiento y pasa a ser una cuestión de confianza entre los propios legisladores. Para el votante conservador que defiende reducir la edad penal como respuesta a la violencia, el Senado debe fijar una fecha y cumplir lo acordado. Aplazar sin explicación solo alimenta la sensación de que la seguridad pública siempre queda para más adelante.
