Por Carol Amancio
La Policía Federal (PF) de Brasil afirma que Sérgio Ricardo de Almeida, presidente del Tribunal de Cuentas del estado de Mato Grosso (TCE-MT), retiró R$ 15,6 millones (reales brasileños) en efectivo en apenas diez meses. Fue arrestado el jueves 29 de octubre por orden del ministro Og Fernandes, del Superior Tribunal de Justicia (STJ), una de las cortes más altas de Brasil. Mato Grosso es un estado del centro-oeste del país.
El TCE-MT es el organismo estatal que fiscaliza cómo se gasta el dinero público en Mato Grosso. La investigación apunta a un posible desvío de recursos en la propia institución.
150 retiros en efectivo en 294 días
Según la PF, hubo 150 retiros en efectivo entre el 1.º de enero y el 22 de octubre de 2025, un lapso de 294 días. De ellos, 64 se hicieron en ventanilla, por un total de R$ 15,47 millones, y otros 86 en cajeros automáticos.
Informes de inteligencia financiera citados por la PF indican que, en varias ocasiones, los montos retirados quedaron justo por debajo de los límites que activan la comunicación automática al COAF, la unidad de inteligencia financiera de Brasil, que monitorea movimientos atípicos.
Policía: el consejero ocupaba posición de mando
Los investigadores sostienen que el consejero, como se denomina a los miembros del tribunal, “capitanea una estructura de operadores financieros”. Según la PF, él dirigía los actos de gestión del tribunal, autorizaba contratos y controlaba los sectores vinculados a la emisión de los pagos investigados. Para la policía, la supuesta estructura depende directamente de ese poder de mando.
De acuerdo con la investigación, el esquema consistiría en favorecer a empresas contratadas por el TCE a cambio de sobornos millonarios. La PF sospecha además que el consejero suspendía contratos y bloqueaba pagos, alegando recortes presupuestarios, como forma de presionar a los proveedores.
Una alerta que no frenó los retiros
Tras una diligencia policial el 14 de octubre de 2025, el control de acceso del TCE-MT registró la presencia de los agentes, y la seguridad abordó a un policía que realizaba labores de observación. Poco después, los retiros en efectivo disminuyeron por un tiempo y el patrón financiero cambió. Sin embargo, al poco tiempo volvieron los movimientos considerados sospechosos.
R$ 75,85 millones bajo sospecha
El análisis bancario, limitado a esos 294 días, identificó movimientos financieros sospechosos por R$ 75,85 millones. La PF aclara que otras personas, aún no plenamente identificadas, podrían haber participado.
El informe señala además una diferencia: solo R$ 288.501,05 fueron publicados a nombre del consejero, mientras que R$ 15,44 millones fueron efectivamente acreditados.
Qué viene ahora
En un dictamen enviado al STJ, el Ministerio Público Federal (MPF) sostiene que los delitos investigados, en especial organización criminal y lavado de dinero, tienen carácter permanente y que la estructura sigue activa. La fiscalía también cita registros de retiros y pagos aún en 2026, lo que, a su juicio, hace que los hechos sean actuales.
En el expediente aparece otro nombre: Roseli Loss, jefa de gabinete del presidente desde el 1.º de enero de 2024, que también es objetivo de la Operación Tomada de Conta. El tribunal de cuentas estatal afirmó que “seguirá actuando con responsabilidad y serenidad”. La defensa de Almeida fue consultada, pero no había respondido al momento de la publicación.
La decisión sobre la detención y los próximos pasos de la investigación quedan ahora en manos del STJ.
Análisis VDD
Quien fiscaliza las cuentas del Estado debe ser el primero en dar ejemplo de transparencia. Si las sospechas de la PF se confirman, los contribuyentes de Mato Grosso tendrán motivos para exigir un control riguroso sobre quién dirige el organismo que debería vigilar el dinero público. Hasta ahora, sin embargo, se trata de acusaciones en investigación, y la presunción de inocencia debe respetarse.
