Por Ricardo Luiz
El Senado de Brasil fijó para el próximo martes (día 3) la votación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública, y el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva corre contra el reloj. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), volvió a poner el tema en la agenda tras retirarlo de la sesión anterior. El motivo del tropiezo es un impasse sobre la reducción de la mayoría de edad penal, que divide a los senadores y deja al descubierto una fractura dentro del propio Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Qué traba la enmienda de seguridad en Brasil
El Poder Ejecutivo envió la propuesta al Congreso el año pasado. Se presenta como una de las principales apuestas del Planalto (la Presidencia) para responder al avance del crimen organizado. El texto modifica la estructura de la seguridad pública, el reparto de atribuciones entre la Unión, los estados y los municipios, y la integración de las policías.
Según el reporte, el problema no está en el núcleo de la propuesta, sino en las enmiendas presentadas durante su trámite en el Senado, en especial la que trata de la mayoría de edad penal. Ese asunto frenó el análisis y aplazó la discusión antes de la segunda vuelta electoral.
La oposición quiere endurecer; el gobierno se divide
Por un lado, el líder de la oposición en el Senado, Rogério Marinho (Partido Liberal, PL-RN), defiende bajar la mayoría de edad penal de 18 a 16 años en la mayoría de los delitos. La propuesta la reduce a 14 años en casos de crímenes atroces, tortura, tráfico de drogas, terrorismo y participación en organizaciones criminales.
Por el otro, el líder del gobierno en el Senado, Camilo Santana (PT-CE), presentó una versión mucho más acotada: reducción a 16 años solo en crímenes atroces. Su enmienda también prevé que los adolescentes alcanzados por esa regla permanezcan separados de los presos adultos de alta peligrosidad.
Ni así el gobierno logró calma. Según la fuente del reporte original, la iniciativa dividió al propio gobierno, ya que un ala del PT rechaza cualquier reducción de la mayoría de edad penal. Es decir, el Planalto pide al Senado un entendimiento que aún no ha logrado construir puertas adentro.
Lula apoya la enmienda, pero hay quienes prefieren otro camino
Lula expresó su apoyo a la enmienda de Santana en una entrevista. Entre los senadores que aceptan cambiar la regla, algunos prefieren tratar el tema en una propuesta específica, sin vincularlo a la PEC de Seguridad. Esa posición también se atribuye al presidente.
El Planalto quiere aprobar el texto sin cambios, para evitar que la PEC regrese a la Cámara de Diputados. Cualquier modificación aprobada en el Senado podría, por lo tanto, alargar el trámite.
Por qué importa: una promesa de campaña atada a la votación
La presión es grande porque Lula condicionó la recreación del Ministerio de Seguridad Pública a la aprobación del texto. La cartera fue una promesa de campaña, y el presidente volvió a repetirla para el caso de que la PEC avance. En la práctica, el gobierno amarró una promesa de campaña a una votación que aún no sabe si podrá ganar.
Alcolumbre ya había dicho: "Vamos a votar". Ahora la fecha está marcada, y el gobierno tiene pocos días para cerrar un acuerdo.
Qué viene ahora
Hasta el martes, el Planalto intentará tejer un entendimiento sobre la mayoría de edad penal. Si no lo consigue, la votación podría trabarse otra vez o el texto podría sufrir cambios que el gobierno quería evitar. Todas las miradas estarán puestas en el pleno del Senado el martes.
Análisis VDD
El episodio muestra a un gobierno que le exige al Congreso una respuesta al crimen organizado, pero que ni siquiera logra alinear a su propio partido en un tema que la oposición trata con claridad. Mientras un ala del PT se resiste a cualquier endurecimiento, la población sigue esperando respuestas concretas en seguridad, y la recreación del ministerio prometida en campaña queda como rehén de esta indefinición.
