Un grupo de 28 senadores brasileños de distintos partidos presentó este miércoles (18 de noviembre) una propuesta de enmienda constitucional (PEC) que quitaría al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, la facultad de juzgar los delitos comunes cometidos por altas autoridades. Esa tarea pasaría al Superior Tribunal de Justicia (STJ), otro de los tribunales superiores del país.
De aprobarse, el cambio alcanzaría al presidente y al vicepresidente de la República, a los diputados federales, a los senadores, a los ministros y al procurador general de la República (PGR). Quienes hoy enfrentan procesos penales comunes ante el Supremo serían juzgados por otra corte.
Quiénes firman la propuesta
La lista de firmantes abarca varios partidos. Incluye al astronauta Marcos Pontes (Partido Liberal, PL, São Paulo), al senador Hamilton Mourão (Republicanos, Rio Grande do Sul), vicepresidente de Brasil entre 2019 y 2022, a Damares Alves (Republicanos, Distrito Federal), a Cleitinho (Republicanos, Minas Gerais), a Lucas Barreto (PSD, Amapá) y a Eduardo Girão (Novo, Ceará).
Como la idea no nace de un solo bloque, podría pesar más cuando los autores empiecen a reunir apoyos.
Los argumentos de los senadores
En el texto, los autores hablan de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial con "una mejor asignación de competencias" y mayor rapidez en los procesos. Su argumento central es que la función constitucional del Supremo no está directamente ligada al juzgamiento de delitos comunes, aunque el tribunal termina cumpliendo ese papel.
Para los firmantes, esa acumulación "puede comprometer la eficiencia de su actuación en las áreas de mayor relevancia para el Estado Democrático de Derecho". Dicho de otro modo, una corte que debería concentrarse en temas constitucionales está atada a procesos penales de alto perfil.
Los senadores sostienen además que el STJ, por la naturaleza de sus atribuciones, sería más adecuado para juzgar delitos comunes de autoridades de gran relevancia política e institucional.
El obstáculo: un umbral alto de votos
Reformar la Constitución brasileña no es sencillo. La PEC necesita 49 votos en el Senado y 308 en la Cámara de Diputados, una mayoría calificada que exige una amplia negociación en ambos lados. Sin ese respaldo, la propuesta se queda detenida antes de llegar a votarse en el fondo. El proyecto está apenas al inicio de su trámite en el Congreso.
Contexto: el foro privilegiado en Brasil
El foro privilegiado significa que ciertas autoridades son juzgadas por una corte superior y no por jueces de primera instancia. Hoy, para las autoridades mencionadas en la propuesta, esa corte es el Supremo. El texto cambiaría el tribunal que decide los casos penales de políticos y miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con efecto directo en la rapidez y la previsibilidad de esos procesos. El debate también vuelve a poner sobre la mesa cuán amplio debe ser el privilegio.
Qué significa fuera de Brasil: equilibrio de poderes e igualdad ante la ley
Para los lectores extranjeros que siguen las instituciones brasileñas, la iniciativa muestra presión desde el propio Congreso, y desde partidos de derecha y de centro, sobre cuánto poder en casos penales debe concentrar el Supremo. Entre los firmantes hay senadores del PL, Republicanos, PSD y Novo.
Desde una lectura conservadora, el punto central es el equilibrio entre los poderes y la igualdad ante la ley. Reducir el foro y reorganizar competencias puede aliviar a un tribunal sobrecargado, pero el cambio solo tendrá legitimidad si fortalece la transparencia y la confianza en las instituciones, y no se convierte en una barrera más para exigir responsabilidades.
Los próximos pasos mostrarán si la PEC gana fuerza en el pleno o si queda en el camino, como tantas otras iniciativas sobre el Poder Judicial que intentaron avanzar en el Congreso.




