El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, emitió un voto que puede prolongar la suspensión de la privatización de Celepar, la empresa estatal de tecnología del estado de Paraná. Moraes acompañó con reservas al ponente, Flávio Dino, y afirmó que las medidas del gobierno estatal todavía no garantizan una protección suficiente de los datos personales de los habitantes. El juicio, que se realiza en el plenario virtual de la corte, debe terminar el 30 de noviembre.
Moraes dice que las garantías de Paraná para los datos no bastan
Celepar concentra información de quienes viven en Paraná, estado del sur de Brasil: historiales del sistema público de salud (SUS), datos biométricos y registros vinculados a la seguridad pública. Para Moraes, los datos en poder del Estado no pueden tratarse como “meros activos patrimoniales enajenables”.
El ministro también expresó dudas sobre la separación de las bases de datos y habló de “precipitación administrativa” en la contratación de B3, la bolsa de valores de Brasil, para organizar la subasta.
Moraes recordó además que la Ley General de Protección de Datos (LGPD) prohíbe que una empresa privada trate datos de seguridad pública si su capital no es íntegramente público. Y citó la enmienda constitucional que elevó la protección de datos a derecho fundamental.
Por qué la venta de Celepar llegó al Supremo de Brasil
La venta forma parte de un proyecto del gobernador Ratinho Júnior, del Partido Social Demócrata (PSD), quien deja el cargo a fines de este año. El futuro de la empresa quedará en manos de su sucesor: Sergio Moro, del Partido Liberal (PL), asume en 2027. La decisión del Supremo puede, por tanto, pesar sobre un gobierno que aún no ha comenzado.
El camino ya tenía obstáculos. Una ley estatal sancionada en noviembre de 2024 autorizó la venta, y el gobierno contrató a B3 por R$ 1,4 millones (reales) para organizar la subasta. Antes, el plan encontró resistencia en el Tribunal de Cuentas de Paraná (TCE-PR), que suspendió el proceso y exigió estudios sobre los efectos financieros y la seguridad de la información.
El pedido para frenar la privatización llegó al STF por medio del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), ambos de izquierda. Sostienen que el caso invade la competencia de la Unión para legislar sobre protección de datos y que la venta abriría espacio a la explotación privada de registros públicos. El gobierno de Paraná rechaza ese argumento: afirma que la información seguiría bajo custodia del poder público y que el Estado tendría poder de veto en las decisiones de Celepar.
En febrero, Dino ya había permitido la continuidad parcial del proceso, pero con condiciones: que Paraná conserve el control sobre las bases sensibles de seguridad pública, que se mantenga la fiscalización directa y que se entregue un informe de impacto a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD). Moraes acompañó esa línea.
El ministro Cristiano Zanin discrepó. A su juicio, el STF no debería admitir la acción, porque cuestiona actos de la privatización y no la ley en sí. Si esa posición prevalece en el juicio final, la venta de Celepar podría destrabarse.
Lo que el caso Celepar significa para inversionistas y reglas de datos
Para el lector extranjero, el caso muestra hasta dónde pueden los tribunales brasileños moldear la venta de activos estatales, incluso después de que una ley estatal la aprobó y se contrató a la bolsa de valores. Quienes siguen las privatizaciones en Brasil notarán que las ventas que involucran datos públicos pueden enfrentar obstáculos jurídicos adicionales y que las reglas sobre quién puede custodiar esa información siguen abiertas a interpretación.
Desde la línea editorial de VDD, la pregunta va más allá de Paraná: hasta dónde debe el Poder Judicial decidir el destino de una estatal que el propio Estado quiere vender, y quién responde si la protección de datos falla. Para quienes defienden menos Estado y más eficiencia en la gestión pública, cada mes de bloqueo significa dinero detenido y un proyecto de gobierno en pausa. Para quienes temen por la privacidad, la cautela es justamente lo que está en juego. La respuesta debe llegar a más tardar el 30 de noviembre.




