El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Este miércoles 18 de noviembre, su presidente, Edson Fachin, recibe del director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, informes con referencias a ministros del tribunal y a sus familiares en el caso del Banco Master y de su exbanquero, Daniel Vorcaro. La reunión está prevista para después de la sesión del pleno.
La decisión que salga de ese encuentro dirá mucho sobre cómo trata el STF las sospechas que llegan a su propia puerta.
La disyuntiva de Fachin: Fiscalía o revisión interna
Los documentos reúnen menciones, citas y otros registros hallados por la PF a lo largo de la investigación. El punto central: el material no contiene, necesariamente, una conclusión sobre delito o irregularidad. Son referencias, y Fachin debe decidir cómo clasificarlas.
Hay dos caminos sobre la mesa. El primero es enviar todo a la Procuraduría General de la República (PGR). Allí, el procurador general, Paulo Gonet, evaluaría si existen indicios que justifiquen una investigación penal, antes de cualquier deliberación del pleno.
El segundo es una revisión interna, de carácter administrativo y disciplinario. En ese modelo, el presidente del STF podría pedir una evaluación preliminar sobre la solidez de la información o incluso solicitar a la PF un complemento. Es decir: la Corte Suprema examinaría primero lo que concierne a la propia Corte Suprema.
Seis ministros citados y la presión sobre el tribunal
Lo que sube la temperatura es el alcance. Al menos seis ministros del STF aparecen citados, en distintos grados, en los levantamientos. También hay nombres vinculados al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Tribunal Superior del Trabajo (TST).
La entrega coincide con el primer aniversario de la fase inicial de la Operación Compliance Zero, abierta para investigar sospechas de fraude vinculadas al Banco Master y a sus conexiones. Fachin deberá definir además en qué situaciones los ministros citados podrán participar en juicios relacionados con el tema.
La semana anterior, Rodrigues llamó por teléfono a Fachin para tratar el modelo utilizado en la elaboración de los informes. La conversación se produjo tras la salida de delegados que participaron en la elaboración de documentos sobre las referencias a ministros y a Vorcaro, lo que aumentó la tensión en torno al caso.
Lo que ya es público y lo que dicen los citados
La controversia tiene una secuencia conocida. En abril de 2025 se reveló que el despacho de abogados de la esposa del ministro Alexandre de Moraes había sido contratado por el Banco Master. En diciembre surgieron informaciones según las cuales el contrato habría alcanzado unos R$ 130 millones (reales brasileños).
Después, datos atribuidos a la PF señalaron al menos 52 mensajes de Vorcaro a Moraes, incluso el día de la detención del exbanquero. Moraes niega haber mantenido esos diálogos y afirma que no cometió irregularidades.
También fue citado el ministro André Mendonça, tras la difusión de una foto con un abogado de Vorcaro, de un encuentro con el banquero y de una solicitud de investigación sobre una posible relación entre el Banco Master y el Instituto Iter, vinculado al ministro. En otro tramo hay referencias a Gilmar Mendes, relacionadas con la contratación de Chiquinho Feitosa, excuñado del ministro, además de una reunión y de intentos de acercamiento. Todos los ministros y familiares mencionados niegan irregularidades o participación indebida en las gestiones con Vorcaro.
¿Quién investiga al tribunal? Por qué importa fuera de Brasil
El impasse es institucional antes que jurídico. Si el material queda en revisión interna, el tribunal corre el riesgo de ser visto como juez en causa propia, algo que pesa sobre la confianza de quienes esperan imparcialidad del Poder Judicial. Si pasa a la PGR, el análisis recae en un órgano externo, con el costo político que eso implica.
Una mención no es culpa, y todos los involucrados niegan irregularidades. Pero, en la visión editorial de VDD, quienes pagan impuestos y sostienen la maquinaria pública tienen derecho a la transparencia cuando el nombre de ministros de la más alta corte aparece en un caso de sospechas de fraude financiero. Desde la lectura conservadora, un Estado fuerte es el que rinde cuentas, y eso vale, en primer lugar, para quien tiene el poder de juzgar.
Para los observadores extranjeros, el episodio es una prueba de si la máxima corte de Brasil aceptará ser examinada, una cuestión que incide en la percepción sobre la independencia judicial y la credibilidad institucional del país.
El siguiente paso es el anuncio del destino de los informes. Fachin puede enviar el material a la PGR, abrir la revisión interna o pedir más información a la PF. Cualquiera sea su elección, será leída como una señal de hasta dónde acepta la Corte Suprema ser examinada.




