El juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, la máxima corte del país, decidió este martes 17 de noviembre convertir la disputa sobre las nuevas reglas de la jornada laboral 5x2 en un juicio de fondo. El caso será analizado ahora de forma presencial por el pleno de la corte en Brasilia, y el Congreso brasileño tiene solo unos días para responder. La jornada 5x2 consiste en cinco días de trabajo seguidos de dos días de descanso.
De las medidas cautelares al juicio de fondo en el Supremo de Brasil
Dino dejó atrás la fase de las medidas cautelares. El caso reúne dos acciones directas de inconstitucionalidad (ADI), la 8.041 y la 8.042, presentadas por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) y por la Confederación Nacional de la Industria (CNI).
El giro llegó después de una audiencia pública el 10 de noviembre. Dino señaló dudas y divergencias sobre la aplicación de las nuevas reglas y concluyó, en la práctica, que el momento de discutir cautelares ya había pasado. Participaron representantes de entidades empresariales y sindicales, la Abogacía General de la Unión (AGU), las asesorías jurídicas de la Cámara de Diputados y del Senado, y la Procuraduría General de la República (PGR).
El 12 de noviembre, el juez ya había concedido medidas cautelares para ampliar la seguridad jurídica. Esas decisiones pasaron al plenario virtual y obtuvieron cuatro votos a favor: el del propio Dino, como ponente, y los de Gilmar Mendes, Cármen Lúcia y Alexandre de Moraes. El juicio se detuvo cuando Luiz Fux pidió un «destaque», que traslada la discusión a una sesión presencial.
Ocho horas, 40 horas y el plazo de transición
Según Dino, repartir el trabajo en jornadas de ocho horas diarias llevaría a una semana de 40 horas. Dijo que este punto todavía genera dudas sobre cómo debe aplicarse el régimen. El debate también abordó las particularidades de categorías profesionales y económicas y las diferencias entre los plazos de adaptación previstos para los contratos administrativos.
Las cifras de la transición son lo que más importa a empresarios y trabajadores. En la regla general, la adecuación debe hacerse en dos meses. Las empresas que prestan servicios a la administración pública pueden tener hasta un año. Dino tuvo en cuenta que el 16 de diciembre es la fecha fijada para el inicio del régimen de transición. Así, quienes tienen contratos con el gobierno ganan margen, y quienes operan en el sector privado tienen mucho menos tiempo.
Hubo consenso en un punto: la importancia de la negociación colectiva, prevista en la Constitución. Aun así, quedaron sin respuesta preguntas sobre cómo ejecutar la transición y sobre los efectos prácticos de la norma.
El Congreso en espera y el Supremo con la pluma en la mano
El ponente registró que la Cámara de Diputados y el Senado se pronunciaron contra las cautelares y pidieron rechazar las solicitudes de las confederaciones. Ambas cámaras tienen ahora cinco días más para complementar sus manifestaciones, igual que las entidades admitidas como interesadas. La AGU y la PGR tendrán dos días adicionales cada una. Solo después Dino pedirá incluir las acciones en la agenda del pleno presencial.
Los próximos pasos están fijados: las manifestaciones finales de la Cámara, el Senado, la AGU y la PGR y, luego, el juicio presencial. Si el pleno no decide antes del 16 de diciembre, Brasil entrará en el régimen de transición con la duda todavía abierta.
¿Quién escribe las reglas laborales de Brasil? Lo que significa para empresas e inversionistas
Para el lector extranjero, la disputa muestra hasta qué punto el Supremo brasileño incide hoy en la política económica. Las reglas laborales suelen ser tarea del Legislativo, pero aquí la corte se encamina a dar la última palabra.
Desde la lectura conservadora, que es la línea editorial de VDD, el punto central no es solo la jornada, sino quién decide las reglas del trabajo en Brasil. Cuando el Congreso se pronuncia contra una cautelar y el Supremo avanza al fondo, la discusión deja de ser solo jurídica y pasa a ser sobre el equilibrio entre los poderes.
Las empresas necesitan previsibilidad para planificar nóminas, turnos y contratos, y los trabajadores necesitan saber qué cambia en su rutina. Con reglas poco claras y plazos ajustados, quien suele pagar la cuenta es quien produce. Esa es la opinión de VDD, no una conclusión de la corte. Para inversionistas y empresas que operan en Brasil, la duda abierta al 16 de diciembre es el principal riesgo a seguir.




