Por Camilo Diniz
El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) se niega a divulgar los documentos que respaldan dos de sus mayores anuncios en plena campaña: el Desenrola 3.0 y la prohibición de las casas de apuestas en todo el país. La negativa fue revelada por BBC News Brasil y difundida por la cuenta Meio Independente (@meioindep) en X, que la describió como un secreto impuesto a los "paquetes de bondades" prometidos durante la campaña.
Qué documentos se niega a entregar el gobierno
Según BBC News Brasil, el gobierno recurre a la Ley de Acceso a la Información (LAI) para negar la divulgación de estudios, dictámenes e informes que sustentaron las medidas provisionales. Esas medidas crearon el Desenrola 3.0, la nueva versión del programa de deudas de los hogares del gobierno, y prohibieron en todo el país las casas de apuestas de cuota fija, conocidas como "bets".
Ante dos solicitudes hechas por los periodistas de la BBC, la Casa Civil, oficina del jefe de gabinete de la Presidencia, alegó que los documentos están protegidos por el secreto "abogado-cliente", pues habrían sido usados en el asesoramiento jurídico del gobierno.
Medidas anunciadas en vísperas de la elección
El 25 de septiembre, el gobierno anunció el Desenrola 3.0 y la prohibición de las bets en todo el territorio nacional. Ambas salieron mediante medidas provisionales (medidas provisórias), decretos del Ejecutivo con fuerza de ley que entran en vigor de inmediato y luego pasan al Congreso para su votación.
Según la BBC, en ese momento Lula enfrentaba una disputa cerrada en la primera vuelta contra Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) por el estado de Río de Janeiro, entonces candidato. Lula también encontraba resistencia en parte del electorado por el alto endeudamiento de las familias, atribuido a las altas tasas de interés y a deudas con las bets. La oposición calificó el conjunto como un "paquete de bondades" (pacote de bondades) y lo criticó como electoralista, por los posibles costos para las arcas públicas.
Especialistas: "secreto eterno"
La BBC recuerda que el decreto de 2011 que reglamenta la LAI prevé el acceso a documentos preparatorios usados después de la decisión que antecede a leyes y medidas provisionales. Añade que, en años anteriores, obtuvo documentos preparatorios que dieron origen a decretos firmados por el entonces presidente.
Para Bruno Morassutti, cofundador y director de incidencia de la ONG Fiquem Sabendo, el argumento del gobierno crea un problema serio: "Lo que se está haciendo crea un secreto eterno. Nunca sabremos, por ejemplo, cuáles fueron los motivos técnicos que llevaron al gobierno a prohibir las bets, y eso crea espacio para rumores y desinformación". Los especialistas consultados por la BBC califican la medida de ilegal.
En un comunicado, la Casa Civil sostuvo: "El acceso a manifestaciones jurídicas está protegido por el secreto profesional y deriva de garantías legales aplicables al ejercicio de la abogacía, incluso en el ámbito de la administración pública". El Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, no respondió las preguntas enviadas por la BBC.
El medio Diário do Poder también se hizo eco del caso y afirmó que Lula oculta los "estudios" que supuestamente respaldan sus promesas electoralistas, con la sospecha de que no existan. Se trata de una sospecha del medio, no de un hecho comprobado.
Por qué importa
Las medidas provisionales permiten a un presidente brasileño cambiar una política de un día para otro, y el Congreso vota solo después. Los estudios técnicos que sustentan esas decisiones son, por tanto, una de las pocas vías para que la ciudadanía evalúe su fundamento y su costo. La disputa es si el gobierno puede clasificar esos documentos como asesoría jurídica, lo que los protegería de forma indefinida, o si la ley de transparencia obliga a abrirlos.
Qué viene ahora
Las medidas provisionales siguen en el Congreso, y se espera que la oposición use el episodio para exigir transparencia y cuestionar el costo de los programas. Falta saber si el gobierno mantendrá el secreto o si será obligado a abrir los documentos mediante recursos administrativos o por la vía judicial.
Análisis VDD
Quien anuncia medidas multimillonarias en plena campaña y luego se niega a mostrar los estudios que las justifican alimenta por sí mismo la desconfianza. La transparencia no es un favor del gobierno, sino una obligación de quien administra dinero público, y el contribuyente tiene derecho a saber en qué base técnica se tomaron decisiones que pueden pesar en su bolsillo.
