Por Camilo Diniz
El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, endureció el tono contra los clubes de fútbol que quieren derribar la prohibición de las apuestas deportivas en el país. En una audiencia pública en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte brasileña, presidida por el juez Luiz Fux, afirmó que acabar con las casas de apuestas es la medida más eficaz para enfrentar el suicidio, la dependencia del juego y la violencia dentro de las familias.
Padilha: «Mi lucha son las mujeres»
Padilha no ocultó el enfrentamiento. Rebatió los argumentos económicos de los representantes de los clubes, que hablaron de salarios y de la dificultad de sostener un equipo de fútbol. La respuesta del ministro fue directa: «Mi lucha son las mujeres: el 65% de ellas siente vergüenza de buscar un servicio de salud aunque reconozca que está en la adicción».
Para el gobierno, la cuenta es otra. Mientras los clubes miran sus finanzas, el Ministerio de Salud dice que mira a quien está del otro lado de la mesa de apuestas, a veces sin el valor de pedir ayuda.
«Ningún país» mejoró, dice el ministro
El punto más duro de su intervención llegó cuando rechazó los ejemplos usados por los clubes, que citaron países que, según ellos, habrían reducido sus problemas de salud tras legalizar las apuestas. Para el ministro, no hay pruebas de eso. «Todos los países que legalizaron las apuestas empeoraron sus indicadores de salud. Ninguno tuvo mejoría», dijo.
Fue más allá y enumeró lo que, a su juicio, ningún país logró: reducir la demanda de servicios de salud, disminuir el riesgo de suicidio y contener la violencia familiar vinculada a las apuestas. Sin embargo, en las declaraciones reproducidas, el ministro no presentó un estudio específico que respalde esas afirmaciones. Es decir, se trata de la palabra del gobierno frente a las cifras que los clubes llevaron al plenario.
Un riesgo que no es solo de quien ya es adicto
Padilha sostuvo además que el problema no se limita a quienes ya tienen un comportamiento compulsivo. Según él, el mayor impacto recae sobre toda la población expuesta al riesgo. «La mejor forma de quitar ese riesgo al conjunto de la población es impedir esta práctica en nuestro país», afirmó.
También mencionó daños a la seguridad pública y dijo que existe una cercanía indeseable entre el mercado de apuestas y el crimen organizado, con lavado de dinero.
Contexto: la medida provisoria y las cifras del gobierno
La audiencia se realiza después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), firmara una medida provisoria (un decreto presidencial con fuerza de ley, que el Congreso debe votar después). La norma prohibió la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de apuestas deportivas y casinos en línea en el país.
Según datos citados por el ministerio, desde 2018 las policías y los ministerios públicos realizaron 21 operaciones contra el mercado de apuestas en ocho estados. Solo en las 10 operaciones federales, la Justicia autorizó bloqueos de bienes que suman cerca de R$ 3.300 millones (reales brasileños).
El gobierno usa esas cifras como prueba de que el sector atrae problemas graves. Pero queda una pregunta sencilla: si la medida apunta al crimen y a la salud, ¿por qué la respuesta fue una prohibición total y no reglas de fiscalización más duras?
Qué puede venir ahora
Con la audiencia en el STF en marcha, la disputa pasa ahora por el Poder Judicial. Por un lado, el gobierno promete mantener la prohibición con base en datos de salud y seguridad. Por el otro, los clubes piden diálogo y hablan de pérdidas financieras. El Supremo aún debe decidir si la medida se mantiene, y la reacción del sector puede definir el tamaño de esta batalla.
Análisis VDD
Proteger a las familias de la adicción es una preocupación legítima, pero el gobierno debería presentar sus estudios con la misma fuerza que su retórica. Cuando un ministro afirma que «ningún país» mejoró sin citar la investigación que respalda la frase, la prohibición total parece más una apuesta de Brasilia que una política basada en evidencias. La libertad económica y la responsabilidad individual también cuentan en esta ecuación.
