El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, el órgano que fiscaliza el gasto del gobierno federal, abrió un proceso para analizar la contratación de servicios de masaje para funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, bajo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El contrato tenía un valor de unos R$ 722.300 (reales brasileños).
Qué incluía el contrato de masajes en Brasil
El plan preveía cerca de 42.240 masajes de 15 minutos cada uno, repartidos a lo largo de cinco años. Eso equivale a unas 8.448 sesiones por año, es decir, algo más de 2.100 horas anuales de masaje pagadas con dinero público.
Con las cifras del propio pliego de licitación, cada sesión costaría alrededor de R$ 17,10. Multiplicado por 42.240 sesiones, se llega al total de R$ 722.300.
Quién pidió la investigación al TCU
El caso llegó al tribunal por iniciativa del diputado federal Sanderson, del Partido Liberal (PL), por el estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país. En su representación, pregunta si hubo planificación y un estudio técnico que demuestren la necesidad del servicio. El relator del proceso en el TCU es el ministro Jhonatan de Jesus.
Sanderson también destaca una diferencia en las cifras. El valor inicial estimado era de R$ 1,75 millones y el valor final, de R$ 722.300. La pregunta pendiente es por qué la estimación cayó tanto y qué la justificó.
El ministerio abandona el contrato, pero defiende la política
Después de que la licitación se hizo pública, el ministerio desistió de la contratación. En un comunicado, alegó "restricciones presupuestarias" y dijo que las sesiones formaban parte de su política de bienestar y calidad de vida en el trabajo.
Es decir, la compra se abandonó, pero la tesis de que el masaje forma parte de una política pública sigue en pie. Ahora el TCU deberá analizar si hubo planificación y estudios técnicos que justifiquen la contratación, y por qué la estimación inicial se revisó de R$ 1,75 millones a R$ 722.300.
Por qué importa: el gasto público bajo la lupa
Para los lectores fuera de Brasil, el TCU es el organismo que audita cómo el gobierno federal gasta el dinero público, y sus casos suelen marcar el debate sobre disciplina fiscal. La suma es pequeña frente al presupuesto federal. Pero la historia encaja en una discusión más amplia sobre las prioridades de gasto del gobierno de Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), en un país con una carga tributaria elevada.
La posición editorial de Visão da Direita, el sitio conservador brasileño detrás de esta edición, es que debe aplicarse el mismo criterio en todos los ministerios: el servicio público tiene que ser esencial, planificado y comprobadamente necesario. Según esa visión, menos impuestos empiezan con menos desperdicio.
Por ahora, el ministerio no ha explicado la caída de la estimación más allá de su comunicado. La decisión está en manos del TCU.




