Por Indianara Goz
El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva decidió mantener en secreto durante 100 años la lista de personas que visitaron al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, mientras estuvo detenido en la sede de la Policía Federal (PF) en Brasilia. La negativa fue emitida el viernes 6 por la Contraloría General de la Unión (CGU), el órgano federal de control interno y transparencia, según reveló la columnista Malu Gaspar, del diario O Globo.
La CGU calificó de "irrazonable" el recurso que pedía acceso a los registros. Fue una respuesta breve a una pregunta que muchos en Brasilia querrían ver respondida: ¿quién entró a hablar con el banquero?
Tres puertas cerradas en fila
La negativa de la CGU no llegó sola. La Policía Federal ya había denegado el acceso en junio. En julio, lo hizo el Ministerio de Justicia. La CGU solo cerró el ciclo.
Antes de decidir, el órgano prorrogó dos veces el plazo de análisis, alegando la complejidad del caso. Los aplazamientos empujaron la respuesta hasta después de la segunda vuelta de las elecciones. Queda la pregunta: ¿fue la demora solo burocracia?
El argumento del gobierno
Para la CGU, la prisión era cautelar, las visitas dependían de autorización judicial y el proceso estaba bajo reserva, aunque fuera parcial. Esa es la base jurídica usada para justificar el plazo centenario, el mismo que cubre documentos de seguridad nacional.
El Supremo Tribunal Federal fue en sentido contrario
El contraste es evidente. En septiembre, el ministro André Mendonça, relator del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, levantó el secreto de la mayor parte del proceso. La decisión llegó después de que se hicieran públicos los vínculos de Vorcaro con ministros de la propia corte: Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques y Dias Toffoli.
Es decir, el Poder Judicial abrió buena parte del proceso, mientras el Ejecutivo mantuvo cerrada la lista de visitas.
Qué sigue
Todavía cabe un recurso ante la Comisión Mixta de Reevaluación de Informaciones, que puede reconsiderar la decisión. Es la última oportunidad administrativa para abrir los registros. La fuente no informa si se presentará un nuevo recurso.
Por qué importa
El Banco Master y su dueño están en el centro de un caso que ya alcanza nombres de la cúpula del Poder Judicial brasileño. Lula, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), encabeza un gobierno que prometió transparencia. El sello de 100 años es el mismo plazo aplicado a documentos de seguridad nacional, y aquí cubre el registro de visitas de un detenido bajo custodia del Estado.
Análisis VDD
Un gobierno que prometió transparencia y responde con un siglo de secreto a un pedido sobre la rutina de un detenido bajo custodia del Estado alimenta la desconfianza, aunque la base legal invocada sea formalmente defendible. En un caso que ya involucra nombres del Supremo, lo mínimo que espera el contribuyente es claridad. Sin ella, la oposición y la prensa libre tienen el deber de seguir preguntando.
Con información de Topic News.
