Por Ricardo Luiz
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil de 2019 a 2022, podría ver reducida su condena en régimen cerrado de 27 años y 3 meses a cerca de 2 años y 4 meses. Según una investigación de CNN Brasil, eso ocurriría si el Supremo Tribunal Federal (STF), la más alta corte del país, valida las nuevas reglas de cálculo de penas aprobadas por el Congreso Nacional. En Brasil, ese mecanismo se conoce como dosimetria.
Cómo sería el nuevo cálculo
La diferencia es enorme: de más de dos décadas a poco más de dos años. El recálculo tendría en cuenta atenuantes y las reglas de progresión de régimen vigentes en el país. Según las proyecciones reveladas, Bolsonaro podría alcanzar una libertad parcial a fines de 2027 o a comienzos de 2028.
Quién haría las cuentas
Si las nuevas reglas son validadas, correspondería al ministro Alexandre de Moraes, relator de los casos del 8 de enero, recalcular de forma individual las penas de Bolsonaro y de todos los demás condenados por los hechos de ese día. Esos casos se refieren al asalto a edificios públicos en Brasilia en 2023. Según el reporte, entre los condenados hay generales, delegados y policías. Es decir, el cambio no alcanzaría a una sola persona, sino a todo el grupo.
El Supremo aún no fija fecha
Hasta ahora, el tema no fue incluido en la agenda del STF y no hay fecha para que los ministros se reúnan y decidan sobre la constitucionalidad de las nuevas reglas. Tras el recálculo, el caso debería pasar al pleno o a la Primera Sala (Primeira Turma) para la decisión final.
El escenario también tiene un riesgo. Si el STF considera que la medida es inconstitucional, las nuevas reglas serán anuladas y se mantendrá la condena original de Bolsonaro, de 27 años y 3 meses. Todo depende de la palabra final del tribunal.
Por qué importa: el trasfondo político
El contexto político también pesa. Hay al menos 30 senadores aliados de Bolsonaro en el Senado Federal, un peso que puede influir en el ritmo de las decisiones institucionales. Mientras el Supremo no se pronuncie, la incógnita sobre el futuro del expresidente sigue abierta.
El caso muestra cómo una decisión de legisladores electos puede chocar con el Poder Judicial en Brasil. El Congreso aprobó las nuevas reglas, pero la última palabra la tiene el STF.
Análisis VDD
La proporcionalidad de las penas es un principio que debe valer para todos. Si las reglas aprobadas por los representantes electos son confirmadas, el debate sobre la seguridad jurídica y los límites del castigo gana fuerza. El STF tiene ahora la oportunidad de demostrar que se respetará la ley aprobada por el Congreso.
Con información de CNN Brasil y Topic News.
