El presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Sérgio Ricardo de Almeida, es blanco de la Policía Federal (PF) de Brasil tras retiros en efectivo que suman R$ 15,6 millones (reales brasileños) entre enero y octubre de 2025. El caso sacude a Mato Grosso, estado del centro-oeste brasileño cuya capital es Cuiabá.
El ministro Og Fernandes, del Superior Tribunal de Justicia (STJ), una de las más altas cortes del país, consideró que el caso justificaba la emisión de órdenes de prisión preventiva contra Almeida, quien ocupa el cargo de consejero (conselheiro) del tribunal, y otros investigados. Entre ellos figura su jefa de gabinete, Roseli Loss, vinculada a retiros por R$ 3,5 millones.
Operación Tomada de Contas: lo que incautó la Policía Federal
La operación de la PF se llama Tomada de Contas. Los agentes incautaron más de R$ 5 millones en efectivo, entre reales, dólares y euros. También se llevaron decenas de relojes de lujo, vehículos, armas y botellas de vino.
150 retiros en efectivo, algunos en la propia sede del tribunal
En total, los investigadores contabilizaron 150 operaciones distintas. Sesenta y cuatro se hicieron en la ventanilla del banco y sumaron R$ 15,47 millones; otras 86 se realizaron en cajeros automáticos. Parte de esos movimientos pasó por una sucursal de Sicoob, un banco cooperativo, instalada en la propia sede del tribunal, en Cuiabá.
Las cuentas que no cuadran
El centro del caso es una diferencia entre cifras oficiales. Los extractos bancarios registraban más de R$ 15,4 millones acreditados a nombre del consejero en el período analizado. Mientras tanto, el Portal de la Transparencia del propio tribunal indicaba remuneraciones de apenas R$ 288.000 para Sérgio Ricardo. Esa discrepancia levantó sospechas sobre el origen de los recursos y motivó la acción de la Justicia Federal.
Por qué importa
Los tribunales de cuentas estatales en Brasil existen para fiscalizar cómo gastan el dinero público los gobiernos y otros organismos. Cuando el presidente de uno de ellos es sospechoso de mover millones en efectivo, el caso toca el corazón de la confianza en las instituciones que deben vigilar el dinero de los contribuyentes.
Qué viene ahora
Las sospechas aún no han sido comprobadas ante la justicia y los investigados tienen derecho a defensa. Los próximos avances de la investigación definirán el futuro del consejero y de los demás citados.
Análisis VDD
Los tribunales de cuentas existen para vigilar el gasto y exigir transparencia a todos los poderes. Cuando quien fiscaliza es sospechoso de mover millones en efectivo, el golpe alcanza la confianza del contribuyente y exige una respuesta rápida de la Justicia. Quien paga la cuenta es el ciudadano, y tiene derecho a conocer toda la verdad, sin blindajes.
Con información de Topic News.




