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Política

El Senado brasileño podrá comprar iPhones para senadores tras un fallo

Un tribunal de apelaciones de Brasil levantó la suspensión de un contrato de R$ 6 millones en teléfonos para senadores, pero las dudas legales sobre la licitación siguen abiertas.

Fachada del edificio del Congreso Nacional de Brasil en Brasilia
Foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados / CC BY 3.0 (Nikolas Ferreira)

El Senado de Brasil quedó habilitado para avanzar con una licitación del Gobierno para contratar telefonía y celulares para senadores, entre ellos iPhones. El jueves 19 de noviembre de 2026, la magistrada María do Carmo Cardoso, presidenta del Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF-1), dejó sin efecto una medida cautelar que había paralizado el Pregón Electrónico n.º 290/2026. La decisión permite que el proceso avance hacia la homologación del resultado y la firma del contrato, aunque los cuestionamientos legales sobre la licitación siguen en análisis.

La suspensión había sido dispuesta el martes 17 de noviembre por el juez federal Arthur Pinheiro Chaves, de la 18.ª Vara Federal Civil del Distrito Federal, cuya sede es Brasilia. La orden respondió a una acción popular presentada por el diputado federal Nikolas Ferreira, del Partido Liberal (PL), por el estado de Minas Gerais. La acción cuestionaba la exigencia de una marca específica de teléfono, la elección de modelos de alto costo y una posible restricción a la competencia. El Senado apeló ante el TRF-1 y consiguió la liberación.

Qué va a comprar el Senado

El paquete es bastante más amplio que los iPhones. La licitación prevé 675 líneas de telefonía móvil para voz y datos, y 95 equipos de categoría superior. La referencia técnica es el iPhone 17 Pro, con al menos 512 GB de almacenamiento, procesador A19 Pro e iOS 26 o superior. Como el documento exige la versión más reciente de la línea en la fecha de la firma, la referencia apunta al iPhone 18 Pro.

También incluye 330 smartphones de segunda categoría, con modelos como el Samsung Galaxy A37 5G y el Motorola Moto G86 5G, o equivalentes. El contrato dura 48 meses y funciona en un régimen de comodato: los aparatos se prestan y no se transfiere la propiedad. Después de 24 meses, pueden cambiarse por modelos más nuevos. El paquete incluye además 100 líneas de datos con módems, 150 líneas de internet móvil con chips, llamadas internacionales y servicios de roaming.

Por qué la jueza levantó la suspensión

La magistrada María do Carmo Cardoso consideró que detener la licitación en este momento podría desordenar la planificación del Senado. El contrato vigente fue prorrogado hasta el 28 de febrero de 2027, pero solo como medida de transición, y no cubriría por completo la 58.ª Legislatura, que comienza el 1 de febrero de 2027. El cambio de equipos y la implantación de los nuevos servicios están previstos para el 18 de enero de 2027.

La jueza señaló que depender de soluciones temporales, quizá menos adecuadas a las exigencias institucionales, pesó en su evaluación. También descartó que indicar una marca o plataforma específica vuelva ilegal una licitación por sí misma, siempre que exista una justificación, como la compatibilidad con sistemas que la administración pública ya utiliza.

Costo, mejor oferente y la disputa legal abierta

El valor estimado superaba los R$ 6 millones (reales brasileños). En la competencia, la empresa de telecomunicaciones Claro quedó en primer lugar, con una propuesta superior a R$ 4,9 millones (reales), unos 18% por debajo del precio calculado por el propio Senado.

Aunque se levantó la suspensión, la jueza dejó claro que el debate sobre el pliego continúa. Los cuestionamientos sobre las especificaciones y la legalidad del proceso siguen bajo análisis. La diputada Tabata Amaral también pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que suspenda la licitación, que ya fue criticada por la oposición.

Contexto y qué significa fuera de Brasil

El Senado es la cámara alta del Congreso brasileño. El TRF-1 es uno de los cinco tribunales regionales federales de apelación de Brasil. Para los lectores extranjeros, el caso muestra cómo se disputan las compras públicas en Brasil: un solo juez puede paralizar una licitación y un tribunal de apelación puede revertir esa decisión en pocos días.

Desde VDD consideramos que un contrato de R$ 4,9 millones (reales brasileños) por 48 meses, con equipos de gama alta, puede ser justificado por la administración, pero exige transparencia y competencia real. Para inversores y proveedores, la lección es que las licitaciones públicas en Brasil dependen de reglas claras y de la fiscalización de tribunales y órganos de control. Para los ciudadanos, la pregunta es cuánto cuesta equipar las oficinas de quienes legislan y si ese gasto puede explicarse ante los votantes.

Traducido y adaptado del reportaje original de Visão da Direita (en portugués). Leer el original en portugués · Read in English

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