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Condenados por el 8 de enero en Brasil piden refugio en Argentina

Familiares de personas condenadas por los hechos del 8 de enero aseguran que unos 300 brasileños en Argentina llevan más de un año esperando una respuesta sobre su asilo.

Banderas de Brasil y Argentina, que ilustran los pedidos de refugio
Foto ilustrativa: Ank gsx / CC BY-SA 4.0

Más de un año después de los hechos del 8 de enero de 2023 en Brasil, cientos de brasileños siguen sin respuesta sobre su futuro. La Asociación de Familiares y Víctimas del 8 de Enero (Asfav) ahora pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a instituciones argentinas que tomen una decisión definitiva sobre las solicitudes de asilo de unos 300 brasileños que esperan desde hace más de un año.

Asfav recurre a la ONU y a organismos argentinos

La entidad formalizó su campaña mediante oficios enviados a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Defensoría General de la Nación. Los documentos reúnen informes y denuncias de supuestas violaciones de derechos fundamentales.

Según Asfav, unos 300 brasileños se encuentran en Argentina en busca de protección internacional. Muchos ya fueron entrevistados y presentaron toda la documentación exigida, pero todavía no tienen una posición oficial sobre sus solicitudes de asilo.

En la práctica, la espera deja a estas personas en un limbo jurídico. Quienes enfrentan un proceso de extradición o sufren restricciones a su libertad deben renovar periódicamente documentos provisionales, sin saber cuánto tiempo durará esa situación.

El precedente y una muerte en Puerto Iguazú

Asfav se apoya en el caso de Joel Borges Corrêa, condenado a 13 años y seis meses por delitos relacionados con el 8 de enero. Según la entidad, la Conare reconoció su condición de refugiado, consideró convincente su situación e identificó elementos de persecución política. El organismo también señaló que no había pruebas suficientes para demostrar su participación individual en los delitos.

Asfav sostiene que casos similares deberían analizarse con prioridad. Sin embargo, reconoce que cada solicitud debe examinarse de forma individual, según las circunstancias de cada solicitante.

El caso que más pesó en la movilización es el de José Éder Lisboa, de 64 años, quien murió en marzo en Puerto Iguazú, ciudad de la provincia argentina de Misiones. Había sido condenado a 14 años por los hechos del 8 de enero y falleció por síndrome de Guillain-Barré mientras esperaba que concluyeran sus trámites migratorios. La asociación afirma que la tragedia muestra la vulnerabilidad de quienes viven a la espera de una respuesta, y pide atención especial para los brasileños con problemas de salud delicados mientras sus procesos de refugio siguen sin definirse.

Contexto: el 8 de enero y el proceso de refugio en Argentina

El 8 de enero de 2023, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, invadieron el Palacio del Planalto, el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia. Los tribunales brasileños, incluido el STF, procesaron y condenaron después a muchas de las personas involucradas. En Argentina, las solicitudes de refugio son tramitadas por la Conare, que decide caso por caso si cada solicitante cumple los requisitos legales para recibir protección.

Análisis VDD

El caso plantea una pregunta que el Gobierno y las instituciones brasileñas preferirían evitar: ¿por qué cientos de ciudadanos deben recurrir a organismos internacionales y a otro país para obtener una respuesta que debería llegar en un plazo razonable? La muerte de José Éder Lisboa no puede tratarse como una estadística. Exige un debate serio sobre el debido proceso y sobre el costo humano que dejan atrás estos casos pendientes.

Traducido y adaptado del reportaje original de Visão da Direita (en portugués). Leer el original en portugués · Read in English

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