El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, un levantamiento con 60.677 registros vinculados a la promoción de apuestas ilegales en internet. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública los recopiló entre el 25 de septiembre y el 9 de noviembre. El material fue remitido al magistrado Luiz Fux y forma parte de la defensa del gobierno en el proceso, que busca mantener la prohibición de las apuestas de cuota fija, conocidas en Brasil como «bets».
Qué miden realmente los 60.677 registros
El levantamiento suma sitios web, páginas en redes sociales, perfiles de influenciadores y grupos en aplicaciones de mensajería. Es decir, retrata la publicidad, no la apuesta en sí.
De los 60.677 registros, 51.611 eran páginas de promoción de casas de apuestas ilegales, cerca del 85% de lo observado en el período. El cálculo de alcance llegó a 204,2 millones de usuarios. Pero el propio ministerio reconoce que esa cifra no equivale a personas distintas, porque un mismo usuario puede aparecer en más de una plataforma. En la práctica, 204 millones es una suma de audiencias que se repiten. Nadie sabe a cuántas personas se llegó realmente.
348 perfiles de Instagram y 150 millones de seguidores
El punto más fuerte del levantamiento es la presión sobre las plataformas. El Ministerio de Justicia pidió retirar 348 perfiles de Instagram señalados como instrumentos de promoción de estas actividades. En conjunto, esas cuentas sumaban más de 150 millones de seguidores, una cifra que, igual que el alcance, no representa necesariamente usuarios únicos.
El documento, sin embargo, deja un vacío importante. No informa cuántas solicitudes de retiro fueron atendidas por las plataformas, ni cuántas páginas y cuentas siguen activas. Tampoco indica cuántas apuestas se realizaron. Muestra alcance y cantidad de registros, pero no resultados.
Por qué importa: lo que está en juego en el Supremo
El material integra la documentación enviada por la Abogacía General de la Unión (AGU), el brazo jurídico del gobierno federal, para sostener la prohibición de las apuestas de cuota fija. El gobierno quiere que la corte considere la dimensión del problema digital como argumento para mantener la norma.
La pregunta central es sencilla: ¿la prohibición está reduciendo la oferta ilegal o solo cambia el lugar donde aparece? Los 60.000 registros indican que la publicidad sigue circulando a gran escala, y el propio gobierno admite que contener ese contenido en las redes es un desafío.
Prohibir no es fiscalizar: la lectura conservadora para inversores y observadores
Esta es la opinión editorial de VDD. Quienes defienden la libertad económica y un Estado más pequeño desconfían desde siempre de las prohibiciones amplias que no vienen acompañadas de resultados claros. Si el gobierno quiere convencer al STF, debe demostrar eficiencia: cuántas páginas salieron del aire, cuántos perfiles fueron realmente eliminados y cuánto dejó de perder el país frente a la clandestinidad. Sin esos datos, la cuenta de alcance es una estadística de efecto, no la prueba de una política pública que funciona.
Para los lectores extranjeros que siguen el mercado de apuestas y la justicia de Brasil, el caso merece atención. El debate va mucho más allá de una cifra llamativa en un escrito judicial. Está en juego el límite entre proteger al consumidor y controlar todo un mercado, y corresponde al Supremo decidir cuánto peso dar a una defensa que aún no muestra qué fue lo que realmente funcionó.




