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Política

Ley de big techs en Brasil entra en la mira de Washington

La embajada de Estados Unidos pidió más tiempo al relator de la ley de big techs de Brasil, mientras Washington sigue de cerca una medida que daría poderes preventivos al Cade.

Edificio del Congreso Nacional en Brasilia, donde se debate la ley de big techs
Foto: Office of the United States Trade Representative / Public domain (Jamieson Greer)

Un proyecto de ley que regula el poder económico de las grandes empresas tecnológicas en Brasil salió del congelador del Congreso Nacional y llegó directamente a la mira de Washington. La Casa Blanca sigue de cerca la propuesta, y la embajada de Estados Unidos pidió a Aliel Machado (PV-PR), relator en la Cámara de Diputados, más tiempo antes de la votación. El texto aún necesita un acuerdo entre los líderes de la cámara para avanzar.

Cómo la ley se convirtió en asunto comercial con EE.UU.

La propuesta ya fue mencionada en negociaciones comerciales entre ambos países y provocó reacciones de legisladores estadounidenses. En abril, la USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos), responsable de la disputa arancelaria con Brasil, incluyó el proyecto en su lista anual de barreras comerciales, junto con los aranceles al etanol y al Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos.

En julio, un grupo de 20 congresistas republicanos envió una carta a la jefa de la USTR, Jamieson Greer, pidiendo medidas contra Brasil por el avance del proyecto. Según ellos, la propuesta replica términos de la legislación europea y “encarece a las plataformas digitales estadounidenses exitosas con un nuevo régimen regulatorio”. Dicho de otro modo, lo que Brasilia llama regulación, Washington lo ve como un nuevo costo para las empresas estadounidenses.

Qué poder le daría la ley al Cade

El Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica) es el regulador antimonopolio de Brasil. El proyecto crea una superintendencia específica dentro del Cade para analizar negocios del sector digital y amplía las facultades del organismo contra prácticas anticompetitivas. El cambio más sensible es la posibilidad de que el consejo actúe antes de que una adquisición o un movimiento del mercado cause daño. Hoy, el organismo actúa solo después de una denuncia, en un proceso que puede durar meses o años.

Para quedar alcanzada por la norma, una empresa debe ser clasificada como agente de “relevancia sistémica”. El informe fija como referencia una facturación de R$ 50.000 millones (reales) en ingresos globales o R$ 5.000 millones (reales) en Brasil. Alcanzar esas cifras no basta: el Cade evaluaría además seis criterios cualitativos, como la actuación en distintos mercados digitales, los efectos de red, la integración entre servicios, la dependencia de otras empresas y el control de datos relevantes. Fuentes del gobierno dan un ejemplo sencillo: un navegador que favorece sus propios productos cuando el usuario busca un teléfono celular. Con la ley, el Cade podría imponer obligaciones antes de que ese favoritismo perjudique a los competidores.

El relator, la embajada y las acusaciones del gobierno

Aliel Machado confirmó que recibió a representantes de la embajada estadounidense, que pidieron más tiempo para discutir el texto antes de la votación. Según su relato, una reunión en Estados Unidos reunió a su equipo, a técnicos del Cade y a otros integrantes del gobierno. Allí, los estadounidenses se manifestaron en contra del proyecto, pero reconocieron que, en su país, ya multan a empresas y adoptan medidas parecidas.

En el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, interlocutores sostienen que la nueva mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense podría dar más impulso al debate sobre plataformas digitales y aumentar la presión sobre las empresas tecnológicas. También afirman que las big techs usan su relación con el Ejecutivo de Estados Unidos como instrumento de presión sobre otros países y que interfirieron en el debate electoral brasileño, perjudicando la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Son acusaciones del gobierno, y el material reportado no presenta pruebas que las respalden.

Qué significa para los mercados y para la relación con EE.UU.

Para los inversores, la pregunta central es si un regulador debe intervenir antes de que exista un daño comprobado. La visión editorial del artículo es que quienes defienden el libre mercado deben desconfiar de cualquier proyecto que traslade decisiones del mercado a un organismo estatal sin daño demostrado, y que quienes ven en las presiones estadounidenses una amenaza a la soberanía deben exigir al propio gobierno transparencia sobre lo que se negocia. Para los lectores extranjeros, el caso muestra cómo una ley de regulación interna puede convertirse rápidamente en motivo de disputa entre Brasilia y Washington. Antes de cualquier votación, el proyecto deberá esperar un acuerdo entre los líderes de la Cámara, y mientras tanto seguirá bajo el escrutinio de Estados Unidos.

Traducido y adaptado del reportaje original de Visão da Direita (en portugués). Leer el original en portugués · Read in English

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