Por Camilo Diniz
El Senado de Paraguay rechazó este viernes el pedido del presidente Santiago Peña de contar con 72 horas más para presentar su defensa en el juicio político en su contra. Con la decisión de los senadores, el análisis del caso se reanuda ese mismo día. Peña perdió la primera batalla en el Senado y sostiene que el reloj juega en contra del debido proceso.
El mandatario afirmó que tendría menos de 12 horas para responder a las acusaciones. En una publicación en X, fue directo: "Quieren que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso legal". La frase se convirtió en el centro de una crisis que ya sacude el mando del país.
Plazo ajustado y trámite acelerado en el Senado
Los senadores resolvieron al inicio de la sesión. Antes, en la noche del jueves, el Senado ya había recibido y escuchado la acusación formal presentada por los diputados que impulsan el proceso. Los trabajos se suspendieron alrededor de las 21:15, y el presidente del Senado fijó un cronograma de cinco sesiones para cumplir todas las etapas previstas en el reglamento interno.
En otras palabras, el juicio político no esperará a que la defensa tome impulso. En la crisis actual de Paraguay, cada hora cuenta.
Diputados aprobaron por unanimidad abrir el caso
La apertura del juicio político fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 78 votos a favor. La votación ocurrió poco después de que Peña anunciara que dejaría la Presidencia. Aun así, los diputados decidieron llevar la acusación al Senado, que es quien juzga el caso y decide sobre una eventual destitución.
El colapso del Ueno Bank, origen de la crisis
La crisis cobró fuerza tras la intervención del Banco Central de Paraguay en el Ueno Bank, una entidad con problemas de solvencia y vínculos con un grupo empresarial del cual Peña fue accionista hasta 2025. El colapso dejó a millones de clientes sin acceso a sus propias cuentas y provocó protestas en Asunción, la capital.
Los legisladores acusan al presidente de conflicto de intereses, uso indebido de recursos de fondos de pensiones y encubrimiento institucional relacionado con la situación del banco. Estas denuncias también son investigadas por el Ministerio Público paraguayo. Hasta ahora se trata de acusaciones e investigaciones en curso, no de condenas.
Renuncia, inmunidad y la disputa por lo que viene
Este es el punto que puede cambiarlo todo. Si el Congreso acepta la salida voluntaria, el vicepresidente Pedro Alliana asume el mando del país y Peña pasa a ser senador vitalicio, con inmunidad parlamentaria. Si es destituido en el juicio político, pierde esa condición.
También pesa la posibilidad de que la renuncia sirva de escudo frente a eventuales procesos judiciales. Los legisladores contrarios a la salida voluntaria defienden que el juicio se concluya precisamente para impedir que Peña use las prerrogativas de senador vitalicio.
Por qué importa
Paraguay es vecino de Brasil en Sudamérica, y una crisis presidencial allí que involucra a un banco colapsado, fondos de pensiones y millones de clientes afectados es seguida de cerca en toda la región. El desenlace definirá quién gobierna Paraguay y si su presidente conserva protección legal al dejar el cargo.
Qué puede pasar ahora
Con la prórroga negada y el cronograma de cinco sesiones, la tendencia es que el Senado avance rápido hacia la votación. Si se acepta la renuncia, Alliana asume y Peña obtiene la inmunidad. Si el juicio sigue hasta el final y termina en destitución, el desenlace será distinto, con el expresidente sin la protección del cargo. Mientras tanto, Paraguay observa el choque entre la defensa, que reclama falta de tiempo, y los legisladores, que quieren una respuesta rápida.
Análisis VDD
Lo que merece la atención del lector es la exigencia de transparencia en un caso que involucra dinero de fondos de pensiones y un banco que dejó a millones sin acceso a sus cuentas. Peña tiene derecho a una defensa completa, y su queja por el plazo de 12 horas merece ser discutida. Al mismo tiempo, quien ocupa la Presidencia debe responder a las acusaciones con claridad. La inmunidad vitalicia para quien es objeto de una investigación no combina con la idea de que nadie está por encima de la ley.
