El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, ordenó este miércoles 18 de noviembre archivar la investigación contra la exdiputada federal Carla Zambelli por publicaciones en las que defendía una intervención militar. El motivo es estrictamente jurídico: venció el plazo para sancionar ese tipo de conducta. La decisión siguió un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR).
La prescripción cerró el caso Zambelli
Las publicaciones se hicieron entre fines de 2022 y comienzos de 2023. En su decisión, Moraes afirmó que la conducta podría encuadrarse en el delito de incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales. Para ese tipo penal, la prescripción es de tres años, y ese plazo ya transcurrió.
El juez escribió: "A pesar de la gravedad de los hechos investigados, según lo narrado por la Procuraduría General de la República, las divulgaciones y conductas se practicaron en el período de las elecciones de 2022 hasta enero de 2023, habiendo transcurrido el plazo prescriptivo previsto para el delito en cuestión".
Qué dijo la Procuraduría General
El martes 17, la PGR ya se había pronunciado por la extinción del caso. En su dictamen, el órgano sostuvo que "el acervo probatorio reunido en los autos, por lo tanto, indica la participación de los investigados en la práctica de incitación, en la forma equiparada por la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales". Aun así, pidió el cierre del expediente. El motivo fue la prescripción, no una conclusión sobre el fondo del asunto.
Otras investigaciones contra Zambelli siguen abiertas en el Supremo
La decisión no deja en cero la situación de la exdiputada en el STF. Moraes señaló que hechos vinculados a otras publicaciones de Zambelli siguen bajo investigación, con el presidente del tribunal, Edson Fachin, como ponente.
El caso nació en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el órgano que supervisa las elecciones en Brasil, y fue remitido al STF tras el fin del período electoral. En enero de 2025, la Policía Federal (PF) pidió más plazo para concluir la investigación.
Por qué importa: tres años de investigación por publicaciones en redes
Lo más llamativo es el tiempo. Publicaciones de 2022 y 2023 se convirtieron en investigación, pasaron por el TSE, llegaron al Supremo, motivaron un pedido de prórroga de la PF y solo se resolvieron cuando ya había vencido el plazo legal. El caso terminó sin un fallo de fondo.
La opinión editorial de VDD es que, para quienes defienden la libertad de expresión, la lección es clara: las investigaciones que se arrastran por años sobre manifestaciones en redes sociales pesan sobre el investigado, que pasa meses o años bajo sospecha sin que el proceso llegue a una conclusión. La prescripción existe justamente para impedir que el Estado mantenga a alguien indefinidamente en la mira.
Para los lectores que siguen Brasil desde fuera, el episodio muestra cómo la justicia del país trata los casos de expresión que involucran a figuras de la derecha brasileña, y cuánto pueden tardar en resolverse.
Falta ver cómo avanzarán las demás investigaciones que aún tramitan en el Supremo contra la exdiputada y si terminarán con más celeridad. Con este capítulo archivado, la atención se vuelca hacia la ponencia de Fachin.




