El Senado de Brasil votará este miércoles 18 de noviembre un punto polémico del ajuste fiscal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afecta directamente las arcas de los estados y municipios. El relator del proyecto, el senador Eduardo Braga, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) por el estado de Amazonas, negó que exista un acuerdo con la oposición sobre la llamada Ley Kandir. "No hay ningún acuerdo", dijo al llegar al Senado. Cuatro enmiendas de pleno (los llamados destaques) están previstas para votación esta tarde.
Qué es la Ley Kandir y por qué está en juego el dinero de los estados
La Ley Kandir sirve para compensar a los estados brasileños por la exención de impuestos a las exportaciones, es decir, por lo que dejan de recaudar cuando un producto brasileño sale al exterior. Es una transferencia del gobierno federal que pesa de verdad en las cuentas estatales.
El texto del proyecto de ley complementaria reduce esa compensación de R$ 4.000 millones a R$ 1.000 millones al año (reales brasileños) entre 2027 y 2030. La diferencia se pagaría en cuotas hasta 2037. Estados y municipios afirman que el cambio golpea sus finanzas y comprometería la planificación de gobiernos que ya luchan por cerrar sus cuentas.
La carta de negociación del gobierno: la compensación cruzada de créditos
Según la reportería, el gobierno intentó usar el recorte de la Ley Kandir como moneda de cambio para lograr el apoyo de la oposición a un límite a la llamada "compensación cruzada". Esta regla permite que una empresa use créditos de PIS/Cofins (tributos federales sobre los ingresos) para pagar otros impuestos, como el impuesto a la renta, o deudas de seguridad social. Limitarla aprieta a quienes producen y pagan la cuenta del ajuste.
La oposición quiere mantener la regla como está y rechazó el acuerdo propuesto. El martes, el impasse aplazó la votación de las enmiendas.
El líder del gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores (PT) por el estado de Amapá, descartó renunciar al límite de los créditos tributarios. "Si cedemos en las compensaciones tributarias, cedemos un tercio del ajuste económico. No veo que eso sea posible en este punto", afirmó.
Las cifras muestran el tamaño de la apuesta. Según el propio razonamiento del gobierno, limitar los créditos aportaría entre R$ 12.800 millones y R$ 18.300 millones en 2027.
Lo que revela esta pelea sobre el ajuste de Lula
Con Braga negando el acuerdo y Randolfe cerrando la puerta a cualquier concesión, se espera un pleno tenso. Si el límite a los créditos avanza, el gobierno asegura una porción de miles de millones del ajuste. Si la oposición bloquea ese punto, el Planalto, sede de la presidencia, tendrá que explicar de dónde sacará el equilibrio de las cuentas sin ese ingreso.
Desde la mirada conservadora, el problema no es solo quién gana o pierde en esta votación. El ajuste que defiende el gobierno va hacia el mismo lugar de siempre: aumentar la recaudación a costa de quien produce y trasladar la cuenta a estados y municipios, en lugar de enfrentar el tamaño del gasto público. Cuando un gobierno necesita negociar el dinero de gobernadores y alcaldes para cerrar sus propias cuentas, su fragilidad ya está a la vista. Menos impuestos, más previsibilidad para quienes generan empleo y exportan, y un Estado que gaste menos es lo que los ciudadanos deberían exigir al Congreso.
Por qué importa fuera de Brasil
Brasil es un gran exportador y la forma en que cierra sus cuentas públicas es seguida de cerca por inversionistas y socios comerciales. Esta votación muestra el camino que prefiere el gobierno de Lula: más recaudación a costa de las empresas y un recorte a las transferencias a los estados, en lugar de reducir el gasto. Lo que decida el Senado indicará cuánto margen tiene Brasilia para imponer ese camino y cuánto puede la oposición obligar al gobierno a explicar sus números.




